La Constitución establece que las elecciones en México deben apegarse a los principios de objetividad y máxima publicidad. Y si bien es cierto que el INE es un referente internacional entre sus pares, aún tiene carencias importantes que le impiden alcanzar a plenitud estos principios. Sorprendentemente, estas carencias no son las que ocupan la discusión pública ni están donde la mayoría de las personas se imagina. No se trata de reducir el presupuesto del INE o el sueldo de sus consejeros. Tampoco de la muy desaconsejada propuesta de remplazar al Consejo General. Sin duda, todas estas medidas debilitarían a la institución.
Se trata de incorporar una mejor tecnología de la información e incentivar la participación ciudadana en procesos técnicos que resultan fundamentales para la democracia. Para blindar a la autoridad electoral es necesario fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales. Concretamente, creemos que el INE podría abrir el proceso de la redistritación al público e incentivar la participación de la ciudadanía. Desde 1996, la autoridad electoral sólo ha permitido que los partidos políticos participen en este proceso a puerta cerrada. Hoy por hoy, la tecnología de mapeo en línea permitiría a la ciudadanía estar enterada y participar en tiempo real en la conformación de la geografía electoral.
Desafortunadamente, la crítica al sistema de administración electoral en México se ha sustentado más en el recuento histórico del fraude, que en un análisis que identifique los desafíos que deben atenderse. Ante ese vacío, y basándonos exclusivamente en evidencia empírica, hemos discutido cómo blindar la redistritación y analizado su relación con la dinámica electoral a nivel federal. Nuestro análisis muestra que existe un déficit sustancial en la rendición de cuentas alrededor de la redistritación. Encontramos que la falta de transparencia y acceso a la información hace que sea prácticamente imposible evaluar el proceso desde fuera o que la ciudadanía participe mientras se lleva a cabo. La autoridad electoral ha celebrado la automatización, objetividad y apego a las reglas de la redistritación. Sin embargo, nuestra investigación indica que los procedimientos públicamente anunciados no siempre se respetan y que los mapas adoptados raramente son el producto de la automatización sino más bien el resultado de una negociación entre los partidos.
Por fortuna, no encontramos evidencia de manipulación ni de las patologías – el famoso gerrymandering – que se observan en EUA. Nuestro análisis del impacto partidista que produce el cambio distrital demuestra que la metodología utilizada por el INE no permite que los partidos se vean beneficiados arbitrariamente. Al contrario, descubrimos que el tipo de criterios utilizados favorece al status quo y que la redistritación, como institución, modera la volatilidad derivada del rubro proporcional de nuestro sistema electoral. Como cada década, el INE ha logrado reducir exitosamente el desbalance poblacional entre distritos, sistematizar un proceso complejo con el uso de criterios objetivos y establecer exitosamente el “ambiente de la fiesta” antes de que lleguen “los invitados partidistas”. Encontramos que los partidos participan activamente, generan acuerdos consensuados y la institución ha evitado la politización corrosiva que observamos en EUA.
Ante el riesgo de erosión institucional en un régimen populista, consideramos que los procedimientos electorales – que actualmente se llevan a puerta cerrada – solo pueden blindarse con mayor apertura, transparencia e inclusión. El uso de nuevas tecnologías de mapeo, y la adopción de una política institucional de datos abiertos, son fundamentales para fortalecer al INE. En un escenario de cooptación institucional, la adopción de estas medidas es indispensable para limitar cualquier intento de manipulación que pudiera presentarse en el futuro.
