La visión mayoritaria que del sector de las mutuas de accidentes de trabajo se tiene en los despachos de los ministerios del ámbito de Trabajo y Seguridad Social no es especialmente positiva. Los más condescendientes las observan como un mal necesario, que evita a la estructura del Estado asumir la prestación de unos servicios que le generarían no pocos engorros y tal vez un relevante coste económico; los más críticos, por el contrario, las ven como una anomalía del sistema, cuyo encaje en el sistema de Seguridad Social es cuestionable y que además no sólo no han demostrado una particular excelencia en la gestión sino que han amparado la concesión de prebendas y despilfarros con cargo a recursos públicos. Guiado por la intuición de que algo no terminaba de funcionar bien en las mutuas y por la sospecha de que los recursos de las cotizaciones por contingencias comunes que gestionaban, de dónde salen también los fondos para las pensiones, no se estaban empleando dela forma más adecuada, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ordenó ya en la época de Fátima Báñez a la Inspección de Trabajo una batida sobre las mutuas para rastrear despilfarros y gastos impropios.
La ofensiva iniciada entonces continuó después con la vuelta a la Secretaría de Estado de Seguridad Social de Octavio Granado, uno de los grandes impulsores de la reconversión de las mutuas, y se ha mantenido posteriormente. Por el camino la Inspección ha levantado actas sancionadoras a un puñado de mutuas y ha puesto contra las cuerdas a todo un sector, que al final ha decidido reaccionar defendiéndose y poniéndose en manos de un gran despacho como Cuatrecasas para tratar de repeler en el campo judicial lo que desde el sector se ve como una auténtica redada contra la veintena de entidades que lo conforman.
Fuentes del sector confirman que en plena ofensiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra las mutuas, su patronal, Amat, decidió encargar al despacho catalán un informe jurídico para proporcionar a las entidades del sector 'munición jurídica' para defenderse del acoso del organismo inspector y para proteger de paso su autonomía de actuación frente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que las actuaciones de la Inspección ponían en duda al cuestionar la legalidad de cualquier gasto ajeno a lo que Seguridad Social estima como el papel que estas entidades deben tener como colaboradoras del sistema de protección.
Estas mismas fuentes refieren asimismo que la iniciativa no tuvo una buena acogida por parte de las autoridades gubernamentales, que en contactos internos con el sector calificaron de "ilógico" que entidades colaboradoras de la Seguridad Social cuestionaran el criterio de la propia Seguridad Social, formulado a través de la Inspección, sobre el uso más adecuado que se debe dar a los recursos que se las mutuas reciben de las arcas de la Seguridad Social. Un aparente embrollo bajo el que subyace la percepción por parte de las autoridades ministeriales de que tienen derecho a determinar lo que las mutuas pueden hacer o dejar de hacer con los recursos que reciben. Frente a esta percepción, la de las mutuas, que se reivindican como entidades de naturaleza privada y con autonomía de gestión dentro de sus obligaciones como entidades colaboradoras con la Seguridad Social
La sentencia 'de la esperanza' para el sector
El primer episodio que trascendió de este pulso soterrado entre el sector de las mutuas de accidentes de trabajo y la Seguridad Social fue la multa de 875.000 euros impuesta por la Inspección de Trabajo a Activa Mutua en 2019, convenientemente aireada desde el Ministerio en busca de un impacto ejemplarizante sobre el resto de las entidades del sector y en un contexto en el que Seguridad Social había situado a las mutuas en el punto de mira.
El clima sin embargo ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. El motivo ha sido una dura sentencia del Tribunal Supremo que ha rebajado a apenas 6.250 euros la sanción de 412.531 euros que la Inspección de Trabajo había impuesto a Ibermutua por la presunta comisión de más de media docena de irregularidades, que el Supremo se ha encargado de desmontar prácticamente una a una. Se trata de la primera sentencia emitida por el Supremo en relación a la ofensiva lanzada desde la Inspección contra el sector de las mutuas - Activa Mutua (ya entonces con un hombre de confianza del Gobierno como director gerente, el exdirectivo de la Seguridad Social en la era Zapatero, Miguel Ángel Díaz Peña) decidió no recurrir su sanción ante los tribunales - y supone un severo varapalo para la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al menos en este caso.
Las mutuas confían en que esta resolución del Tribunal Supremo sea la primera de una cascada de resoluciones favorables que no sólo pongan en cuestión la ofensiva lanzada desde el Gobierno contra el sector sino que también apuntale su autonomía de actuación frente a la Seguridad Social embarcada desde hace años ya en lo que desde el sector se ve como un cada vez mayor intervencionismo para reducir el número de entidades en funcionamiento y reducir el mismo a un grupo de cinco o seis entidades.
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