El independentismo admite que la presión judicial obstaculiza su plan

Junts pel Sí decidió ayer aplazar la tramitación de la ley del referéndum, la norma con la que los independentistas pretenden amparar la consulta ilegal fijada para el 1 de octubre. Tras una reunión de la Mesa del Parlament, la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, admitió que la presión judicial está desbaratando en parte los planes secesionistas. “No hay que ser inocente; sabemos la judicialización que hay de la política”, dijo. Con este aplazamiento, los soberanistas acercan su desafío a la víspera de la Diada del 11 de septiembre y esquivan, de momento, la actuación de la justicia.

La reunión de la Mesa —dominada por cuatro miembros de Junts pel Sí frente a los tres que suman Ciudadanos, Catalunya Sí que Es Pot y el PSC— duró poco más de una hora y el avance del calendario de sesiones aprobado en julio se quedó casi sin sentido, pese a la expectación que había generado el primer día del curso político. El bloque independentista ya había deslizado que ayer no se daría luz verde a la tramitación de la ley del referéndum, pero los medios de comunicación no descartaban una sorpresa.

Pese a estar fuera del orden del día, los representantes de Ciudadanos (José María Espejo-Saavedra) y del PSC (David Pérez) inquirieron a los de Junts pel Sí sobre el motivo de que se evitara iniciar la tramitación de la norma, cuando lo habitual es que una vez que se registra una proposición de ley —cosa que sucedió el pasado 31 de julio— se proceda a su tramitación. Forcadell, responsable de confeccionar el orden del día, señaló que tenía que valorar ese punto. La oposición le reprochó que ese no es su papel y le acusó de impedir al resto de partidos opinar sobre la ley.

Ya fuera de la reunión y ante los medios de comunicación, Forcadell admitió la “complejidad” de la ley del referéndum. Asumió, además, que los pasos del Gobierno y del Tribunal Constitucional para frenar el proceso independentista condicionan el calendario. En cuanto se tramite la proposición de ley, el Gobierno del PP la impugnará ante el Tribunal Constitucional y este previsiblemente la suspenderá de inmediato.

Forcadell conoce esa presión de primera mano. Como otros tres miembros de la Mesa y el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas —anteriormente miembro de la Mesa—, está siendo investigada por los delitos de desobediencia y prevaricación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por permitir dos votaciones vinculadas al proceso independentista y prohibidas por el Constitucional. Se enfrenta a penas de inhabilitación y a posibles multas, como ya le ocurrió al expresidente Artur Mas y a tres de los que fueron sus consejeros por su participación en la consulta del 9-N. Forcadell y los otros tres miembros independentistas de la Mesa evitaron firmar la proposición de ley del referéndum; aunque ellos alegaron que pretendían salvaguardar su perfil institucional, algunas fuentes de los partidos separatistas sospechan que la razón es que no quieren volver a ser imputados. La seguridad de que habrá nuevas condenas ha activado una campaña para recabar fondos por parte de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La decisión de ayer aproxima cada vez más el órdago independentista a la víspera de la Diada, cuya manifestación masiva —este año será la sexta consecutiva organizada por la ANC y Òmnium Cultural— puede ser el origen de la movilización continuada que reclaman el PDeCAT y ERC. La respuesta a esas llamadas permitirá calibrar al Gobierno de Carles Puigdemont si el fervor independentista se ha deshinchado parcialmente, como muestra la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. En este sondeo, el apoyo a la independencia de Cataluña cayó al 41,1%, su peor dato desde diciembre de 2014. Los contrarios a la secesión alcanzaron el 49,4%.

La Generalitat quiere aprobar la ley del referéndum en el primer pleno de septiembre, previsto para los días 6 y 7 de septiembre. Y el calendario está dejando casi sin margen de maniobra a Junts pel Sí y la CUP que, aunque intentaran aprobar por el trámite de urgencia la norma, no llegarían a tiempo. Para dar margen al Gobierno catalán a firmar el decreto de convocatoria del referéndum, la ley tendría que estar aprobada en septiembre, para que la campaña pueda empezarse quince días antes del 1-O. De esa forma se tendrá que hacer en el Parlament con la modificación del orden del día de un pleno o con un decreto ley aprobado por el Gobierno catalán. Eso sin tener en cuenta que el Gobierno pediría la automática suspensión de la norma tanto en uno como en otro caso.

Una “salvajada”

El portavoz de Ciudadanos en la Cámara catalana, Fernando de Páramo, consideró una “salvajada” la decisión de la Mesa de no incluir en el orden del día la tramitación de la proposición de ley del referéndum, ya que supone convertir lo que es habitual —iniciar la tramitación de una proposición de ley una vez ha sido registrada— en una “valoración política”. Y culpó de ello a la presidenta del Parlament, al ser la responsable de elaborar el orden del día. “Forcadell no es la presidenta del Parlament, sino que sigue siendo la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana”, protestó De Páramo, en referencia al pasado activista de la presidenta de la Cámara antes de ingresar en las filas de Junts pel Sí en 2015.

El presidente del grupo socialista, Miquel Iceta, lamentó igualmente que no se tramitara la ley e insinuó que la mayoría independentista está bloqueando el procedimiento como un “intento deliberado de escapar al control democrático” y para evitar que el Consejo de Garantías Estatutarias pueda elaborar un dictamen. La redacción de ese texto, no vinculante pero que tendría un mes de plazo, podría complicar la posibilidad de aprobar a tiempo la ley del referéndum. Por si acaso, el PSC presentó ayer mismo ante los periodistas el escrito que entregaría al Parlament para pedir ese dictamen, si es que es posible.

El líder del grupo popular, Xavier García Albiol, calificó de “episodio esperpéntico” la actuación de los independentistas al posponer la tramitación de la ley del referéndum tras habilitar el Parlament en agosto, y criticó la poca seriedad de Forcadell. Asimismo denunció que todos los miembros de la Mesa, incluidos Ciudadanos y el PSC (el PP no tiene voto), aprobaron ayer un protocolo de actuación para regular la entrada de la policía judicial al Parlament: los agentes no podrán ir armados ni con el rostro cubierto y tendrán que esperar en una sala hasta que sean recibidos por algún responsable de la Cámara.