Alicante

El Consell acusa a Fomento de inflar la burbuja del alquiler

ECONOMÍA

La directora general de Vivienda, Rebeca Torró, ayer en la reunión con el Ministerio de Fomento. E. M.

Sostiene que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda provocarán una subida descontrolada de los precios

La conselleria critica que tenga que aportar el 30% de los fondos del programa

El Plan Estatal de Vivienda que ha aprobado recientemente el Ministerio de Fomento no convence precisamente al Consell, que ayer atacó duramemente la iniciativa del Gobierno al considerar que las medidas contempladas en el programa avivan el riesgo de burbuja en el mercado inmobiliario y se recorta la inversión pública. De este modo, la vivienda se convierte en un nuevo frente de batalla entre el Ejecutivo central y la Generalitat.

Desde el Gobierno valenciano aseguraron ayer que el Plan Estatal de Vivienda se ha aprobado «sin el consenso de las comunidades autónomas, que establece mecanismos que contribuyen a aumentar la burbuja del alquiler y con un recorte del 75% en la inversión».

Así se pronunció la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, después de asistir a la Conferencia Sectorial que se realizó en el Ministerio de Fomento. Un encuentro que calificó de «pantomima porque se tendría que haber producido antes de que el Consejo de Ministros aprobara este plan que no ha sido consensuado con las comunidades autónomas».

Para Torró, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 supondrá una «perversión» sobre el derecho a la vivienda porque no establece «mecanismos para controlar el precio del alquiler ni tampoco medidas para que las comunidades autónomas podamos ampliar el parque público de viviendas».

Rebeca Torró destacó que este plan «no solo no contempla mecanismos para controlar el precio del alquiler sino que además establece medidas que contribuirán a aumentar la burbuja del alquiler». Así, explicó que el Gobierno central ha fijado nuevos máximos de renta de alquiler que pasa de 600 a 900 euros. «El Ejecutivo de España debería dar seguridad jurídica a los arrendatarios y no dejar que los alquileres estén sometidos a los vaivenes de un mercado descontrolado», indicó.

El Plan Estatal de Vivienda aportará hasta el 50% de la renta mensual del alquiler (para los primeros 600 euros) a los jóvenes menores de 35 años que cobren menos de 19.000 euros. Es decir, 300 euros de ayuda. A ésta se le sumará, en localidades con mucha demanda de arrendamiento, hasta 90 euros adicionales (el 30% de la renta mensual en el tramo comprendido entre 600 y 900 euros). En total, la subvención máxima será de 390 euros al mes

Torró señaló que el Ejecutivo de Rajoy, «ante la crisis habitacional que sufre este país, debería apoyar iniciativas como las que estamos impulsando las comunidades autónomas a través de leyes como la ley por la Función Social de la Vivienda en lugar de poner palos en las ruedas con recursos al Constitucional». Además, instó a plantear las modificaciones legislativas correspondientes para controlar los precios del alquiler.

Menos inversión

Según criticó Torró en la propia Conferencia Sectorial, respaldada por la posición que tienen también otras comunidades autónomas, es «lamentable que el Gobierno de España siga con su política restrictiva de inversión en materia de vivienda, al reducir un 75% la inversión en este plan lo que sitúa en el 0,03% del PIB muy por debajo de la media de otros países europeos que superan el 1,5%».

Asimismo, la directora general censuró también que el Ministerio ha cambiado la regulación de la financiación del plan respecto a años anteriores y «ahora se condiciona la financiación del Ministerio a que obligatoriamente las autonomías aporten el 30% del total de la financiación del plan». Una situación que «perjudica a la Comunidad Valenciana por la discriminación histórica que sufrimos en las inversiones del Estado y la infrafinanciación que arrastramos».

Torró advirtió de los «retrasos interminables que está sufriendo la firma de los convenios con las comunidades autónomas para poner en marcha el plan que debía haberse aprobado en noviembre», ya que, esto «perjudicará la convocatoria de las ayudas y, por tanto, a los ciudadanos que están esperando una subvención».