Piden más protección para consumidores en números 902 de atención telefónica

DERECHOS CONSUMIDORES

Madrid, 20 nov (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Oficina del Defensor del Pueblo y Facua han abogado hoy por elevar la protección de los consumidores frente a los números de atención telefónica 902, no incluidos en las tarifas planas y con un coste superior al de una llamada a un fijo.

En una jornada sobre Protección al Consumidor celebrada en la CNMC, la subdirectora de Regulación de Comunicaciones Electrónicas de este organismo, Virginia Rodríguez Serrano, ha denunciado que el decrecimiento experimentado por los precios desde móvil a numeración fija no se ha trasladado a la numeración 902, cuando "los precios deberían guardar relación".

Al no estar incluido en la tarifa plana, el operador fija el precio que estima oportuno, que, según la CNMC, suele ser similar al de una llamada interprovincial cuando se llama desde un fijo, mientras que si se hace desde un fijo el coste se dispara.

Según Facua, el coste medio cuando se llama desde un móvil es de 0,40 euros por minuto, más establecimiento de llamada.

En cuanto al ingreso medio del operador por una llamada con origen móvil a un número 902, supone un incremento medio del 518 % con respecto a una llamada fija, mientras que cuando el origen es fijo el incremento medio es del 228 %, según datos de la CNMC de 2015.

Competencia aboga por establecer un precio máximo para las llamadas a las numeraciones 902, limitar las tarifas minoristas y modificar la regulación para controlar que no se presten servicios de atención al cliente cobrándose por las llamadas más que lo establecido por la normativa.

Por su parte, Saioa Arteaga, de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha incidido en que al cliente se le tarifica desde el momento en que se descuelga el teléfono y no desde que el servicio es prestado, con lo que "al ciudadano se le cobra sin prestación del servicio", por lo que ha reclamado que se habilite un procedimiento para evitar esto.

También ha reclamado una coordinación o agilidad mayor entre los distintos organismos que pueden verse implicados cuando se abre un expediente por infracción en el uso de estas numeraciones.

Por su parte, Jesús Benítez, de la Asesoría Jurídica de Facua, ha destacado que ya existen sectores concretos donde debe facilitarse un número gratuito y que en algunas comunidades, como Cataluña o Castilla y León, esas garantías son mayores.

La directora de Contenidos de la patronal que engloba a los operadores de telecomunicaciones, DigitalES, Elena Berruguete, ha recordado que son las empresas que contratan el servicio y no el operador las que determinan que número de teléfono presta el servicio de atención al cliente, por lo que ha pedido que "no se demonice" al número ni al servicio que presta la operadora.

También ha apuntado que en estas numeraciones se utilizan servicios redes inteligentes que permiten al operador cursar el tráfico de otra manera, gestionar colas o advertir al cliente de que va a tardar unos minutos en ser atendido.

En el mismo sentido ha intervenido el responsable de Regulación de Vodafone, Matías González, quien ha reclamado que se establezca que un criterio que dé seguridad jurídica tanto a las operadoras como a las empresas con servicios de atención telefónica al cliente y a los usuarios.

Los operadores, ha dicho, "no podemos tomar esa decisión ni ser los jueces en esa materia".

También la responsable de Relaciones Institucionales de Orange España, Luz Usamentiaga, ha recordado que en estas numeraciones participan otros actores además de los operadores de red, que, ha recalcado, han mantenido una batalla ardua para denunciar cada vez que veían una práctica irregular. EFE

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