SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE-A, que ha sido apoyada por PP-A y Ciudadanos, mientras que se han abstenido Podemos e IULV-CA, en la que se insta a la Junta a que demande al Gobierno central que habilite de manera inmediata y permanente el procedimiento para bonificar el coste del agua procedente de recursos poco convencionales, principalmente de aguas provenientes de fuentes de desalación, de modo que no exceda de los 30 céntimos por metro cúbico en zonas con déficit hídrico declarado, y para que, de esta forma, el acceso al agua desalada en Andalucía se produzca en las mismas condiciones que en otras regiones donde ya el precio está bonificado.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Noemí Cruz ha explicado que para paliar el déficit hídrico que aqueja especialmente a zonas de nuestro levante, los recursos hídricos convencionales propios deben ser apoyados con recursos no convencionales, principalmente procedentes del agua de desalación de origen marino o salobre, si bien los costes de esta incorporación creciente y sustitutoria repercute directamente sobre la capacidad económica del sector agroalimentario, que además se está viendo afectado en los últimos años por la inestabilidad en los precios, su vulnerabilidad en la cadena, y la crisis económica.
Ha añadido que aunque nuestras explotaciones son altamente eficientes en la utilización de los recursos hídricos, cuentan con escaso margen de maniobra, ante posibles incrementos en los costes productivos del tratamiento de agua salada, de la regeneración de aguas residuales y de la instalación de nuevos regadíos abastecidos con estas aguas.
Según ha agregado, la Junta ha defendido la necesidad de rebajar el costo de estas aguas alternativas, y el buen aprovechamiento de los recursos hídricos. Cruz ha considerado que el futuro del sector agrícola andaluz depende de que seamos capaces de hacer "más con menos", ganando competitividad y sostenibilidad, aprovechando las nuevas tecnologías, el conocimiento y los instrumentos a nuestro alcance, y, para conseguirlo es imprescindible garantizar la seguridad hídrica, con inversiones e incentivos para quienes hacen un uso más eficiente.
Por su parte, la diputada del PP-A Arancha Martín ha manifestado que el pasado de 7 marzo el anterior del Gobierno del PP aprobó una ley que permite las bonificaciones por el agua salada. Ha indicado que la política del agua del Gobierno andaluz ha sido constantemente la "confrontación" con el Ejecutivo nacional del PP. Ha denunciado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que derogó el trasvase del Ebro que era tan importante de Andalucía, al tiempo que ha acusado a la Junta de no ejecutar infraestructuras hidráulicas.
La diputada de Podemos María del Carmen García ha indicado que hay que hacer frente a la sobreexplotación a la que se está sometiendo a acuíferos, manantiales o ríos y ha indicado que la gestión del agua es una "asignatura pendiente" en esta comunidad. Ha apuntado que los regadíos deben respetar la normativa ambiental y que el incremento de agua desalada debe ser de gestión y control público.
La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha manifestado que es fundamental invertir en infraestructuras hidráulicas en la comunidad y que lo deseable sería que hubiera un gran pacto nacional por el agua. Ha señalado que los regantes necesitan soluciones y no confrontación y ha reprochado al PSOE-A que haya "recortado" sus demandas al Gobierno central desde que ha llegado el PSOE.
El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha considerado que hay que abordar problemas como el de los pozos o la sobreexplotación de acuíferos. A su juicio, hay que hacer todos los esfuerzos para desarrollar la directiva marco de aguas en Andalucía y ha lamentado que no se esté cumpliendo la Ley de Aguas, para fortalecer el principio de interés general sobre el agua.