El Ayuntamiento de Palma prevé erradicar el poblado gitano de Son Banya en los próximos tres años. Para ello, la junta de gobierno celebrada ayer aprobó la creación de una comisión municipal interdepartamental presidida por el alcalde, Antoni Noguera, e integrada por otras once concejalías, entre las que se incluyen las de Servicios Sociales, Infraestructuras y Seguridad Ciudadana.
Asimismo, tal como informó la concejala de Servicios Sociales, Mercè Borràs, se ha modificado el plan de erradicación del poblado aprobado por Cort en 2008 con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales.
Borràs explicó que se ha incorporado la posibilidad de que las familias sin recursos que abandonen el poblado puedan recibir ayudas para vivienda de hasta 1.000 euros mensuales ayudas para vivienda de hasta 1.000 euros mensuales por un período máximo de cinco años.
Para ello, deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que señaló que no dispongan de otra vivienda, que estén dispuestos a seguir un plan de inserción social y que los menores estén escolarizados, además de no disponer de ingresos u otros recursos.
Sentencias judiciales firmes
En relación a las 45 sentencias judiciales firmes que dan la razón al Ayuntamiento y le autorizan a ejecutar el desalojo de las familias que ocupan las chabolas, Borrás explicó que, de momento, han contactado con 15 de ellas que carecen de recursoscontactado con 15 de ellas que carecen de recursos.
Asimismo, el juzgado ha accedido, de momento en tres casos, al aplazamiento del desahucio solicitado por Cort con el fin de que se pueda ejecutar a partir del próximo 5 de octubre y no antes.
Una vez aprobada la modificación del plan de erradicación y realojamiento se trabajará primero con las familias que deseen abandonar voluntariamente el poblado y que cumplan con los requisitos para recibir las ayudas. Las viviendas que ocupan serán derribadas cuando abandonen el asentamiento. En estos momentos en Son Banya viven 117 familias y se calcula que hay una población de entre 450 y 600 personas, entre las que hay 193 menores.
Si bien no se ha cuantificado el coste del desmantelamiento del poblado, la concejala aseguró que hay un acuerdo político para que en los presupuestos del próximo año haya una cantidad específica para ello.
Recordó, no obstante, que en estos momentos el Ayuntamiento aporta 800.000 euros anuales al mantenimiento del asentamiento, cantidad que no se gastará cuando el poblado haya sido desmantelado y haya desaparecido.
La concejala recordó asimismo que, como consecuencia de realojos anteriores, "disponemos de 13 experiencias de éxito" de familias que en su momento dejaron el poblado con el plan de realojo y se han integrado sin problemas en distintas barriadas de la ciudad.
Para el realojo de las familias que tengan derecho a ello Cort deberá acudir previsiblemente al mercado privado de alquiler de viviendas, dada la escasez de casas de protección social de propiedad municipal y del Govern. De ahí que las ayudas mensuales que puedan recibir estas familias se ha incrementado hasta los 1.000 euros mensuales durante un máximo de cinco años.
