Cuatro por camarote: Interior alojará en barcos a los policías enviados a Cataluña

El Ministerio del Interior ha desplegado un importante dispositivo de seguridad para hacer frente al desafío soberanista catalán e impedir que se desarrolle el referéndum del 1 de octubre, tal y como aseguró el Gobierno. Así, se está movilizando hacia Cataluña de manera progresiva un contingente de hasta 4.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, el ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido ya ha tenido que hacer frente al principal problema: el alojamiento. Ubicar a tan elevado número de efectivos no está siendo fácil, sobre todo por la negativa de numerosos hoteles a alojarlos. 

Así, Interior ha optado por habilitar el Cuartel de Manresa y varios barcos para alojar a los agentes pendientes de incorporación. En concreto, Interior ha contratado el ferry Rhapsody, propiedad de la naviera italiana Grandi Navi Veloci (FNC) con capacidad para albergar a 2.540 pasajeros y 716 vehículos. El buque ha atracado a las 9:00 horas en el Puerto de Barcelona y permanecerá fondeado hasta el próximo 3 de octubre.

Las indicaciones de uno de los últimos desplazamientos vienen recogidas en una comunicación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en la que se ordena la salida el jueves por la mañana hacia Barcelona de tres grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -los denominados antidisturbios- y el regreso en 10 o 15 días. En cada camarote se alojarán cuatro policías en régimen de pensión completa sin derecho a percibir dietas.

Asimismo, la excepcionalidad de la situación ha obligado a las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, coordinadas por la Secretaría de Estado de Seguridad de Interior, a cursar una instrucción que modifica el régimen de vacaciones, permisos, licencias, jornada y horarios del personal que participa en el dispositivo extraordinario. Interior asegura que, excepcionalmente, se podrá prorrogar el período de vigencia de la orden si las circunstancias así lo aconsejaran.

La idea es reforzar lo máximo posible la seguridad en Cataluña durante la preparación de la consulta ilegalizada por el Tribunal Constitucional, sobre todo con la presencia de unidades especializadas en disolución de disturbios como las mencionadas UIP y las Unidades de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Se pretende, entre otras cosas, reforzar e incrementar la seguridad de edificios del Estado, como oficinas del Gobierno central, de la Agencia Tributaria y la sucursal del Banco de España.