Los créditos adicionales son incrementos a los créditos presupuestarios aprobados en la LPN, destinados a cubrir gastos necesarios no previstos o insuficientes, y en su trámite se ha de demostrar que el Tesoro Nacional dispondrá de los recursos para atender dicha erogación. Dichos créditos adicionales han de ser aprobados por la Asamblea Nacional y publicados en Gaceta Oficial.
Según reporta Transparencia Venezuela, en 2018, se aprobaron créditos adicionales por más de Bs. 500 millardos, lo que en términos nominales llevó al presupuesto a 141% del monto aprobado. Asimismo, únicamente se publicaron en Gacetas Oficiales 149 decretos, correspondientes al 60% de los créditos aprobados.
En un informe del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad se realizó el seguimiento a los créditos adicionales. Durante el mes de abril se aprobaron créditos adicionales por Bs. 5.820.919.867,00; monto que equivale al 4,6% del primer dozavo del presupuesto aprobado (Bs. 1.52 billones). En términos de divisas los créditos adicionales se montan en USD 1.761.827,59, tomando como referencia el tipo de cambio oficial DICOM para las fechas de emisión de los créditos adicionales de abril. Este monto representa el 0,04% del presupuesto en dólares de 2019 y el 0,5% del primer dozavo de dicho presupuesto (USD 328 millones).
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Los fondos para estos créditos provinieron de ingresos ordinarios y de otros ingresos extraordinarios, siendo estos últimos el origen del 65,35% del monto total.
Los receptores de los créditos fueron el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y la Vicepresidencia de la República.
El destino del 23,14% del crédito transferido al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno fue gastos internos, mientras que el 76,86% restante fue transferido a entes adscritos. El 100% del crédito recibido por la Vicepresidencia de la República, tuvo como destino el Municipio Libertador del Distrito Capital.
La opacidad generada ha dificultado a la ciudadanía hacer la contraloría debida al manejo del erario público, impidiendo el ejercicio de su derecho a una participación activa e informada y dificultando el establecimiento de relaciones directas con los gestores públicos.
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