España tras 26 años de cambios económicos

Si echamos la vista atrás y repasamos la historia económica de España desde 1994, podemos observar el gran cambio que ha experimentado la economía española, pero ¿se ha hecho todo lo posible? Desde ese año, la mayoría de los sectores productivos han experimentado avances que son innegables, siendo el de los servicios el que más ha evolucionado (habitual en una economía desarrollada), con una interesante alteración en cuanto a su composición (nuevos subsectores para nuevos nichos de mercado) y cierta concentración en los subsectores que, de forma tradicional, son los más potentes (restauración y servicios financieros, especialmente en el área del sistema bancario).

Respecto al sector agrario, se han modernizado muchas producciones y han ido adaptándose mejor a las nuevas tendencias de mercado, pero a costa del abandono de muchas explotaciones y a un aumento de la diferencia de bienes­tar social existente entre el ámbito rural y el urbano. En cuanto al sector energético, durante estos años se han puesto en marcha distintos planes para eliminar algunos de los problemas que les afectan pero, pese a ello, seguimos siendo un país en el que la energía tiene un coste excesivo, las renovables no se están desarrollando al ritmo adecuado y todavía somos energéticamente dependientes del exterior.

Si ponemos el foco en la industria, aunque, en general, nuestras grandes empresas se han ido consolidando en el exterior y algunas de las pymes ya han tomado conciencia de la necesidad de su internacionalización, por desgracia, pese a los diversos planes para internacionalizar la economía española (está vigente el de 2017-2027), en España todavía falta espíritu innovador, tomar conciencia de las ventajas de incorporarse a la cadena de valor global a nivel internacional, de aprovechar más las oportunidades que se ofrecen cuando una economía está abierta al exterior... Pero seamos claros: esta situación no solo es responsabilidad de los empresarios del sector. Es necesario darles más información sobre las oportunidades que tienen, facilitarles el acceso a mercados más amplios y analizar el potencial real de los diversos subsectores productivos decidiendo, por duro que sea, sobre la continuidad de alguno de ellos.

La elección del año 1994 no es casual. Hace un cuarto de siglo que se publica un informe anual en nuestra universidad que analiza el estado social y económico de la sociedad española, y que sirve de radiografía de su evolución (*). Si bien hay cosas que han cambiado, hay otras que siguen protagonizando el debate económico y político en la actualidad. En 1994, España estaba comprometida, por la ratificación en 1992 del Tratado de la Unión Europea, o de Maastricht, a cumplir para 1997, o como máximo en 1999, cinco criterios de convergencia para poder iniciar un proceso de unión monetaria. En ese año no se cumplían los criterios: el déficit público y la deuda pública alcanzaban el 6,72% y 62,60% del PIB respectivamente; la tasa interanual del IPC era del 4,4%, y todavía existía inestabilidad en el tipo de cambio. Por otro lado, España tenía una tasa de paro del 23,9%.

En 2019, el paro se encuentra por encima del 14% y la calidad del empleo no está en su mejor momento. No en vano, los desajustes macroeconómicos siguen ahí latentes y se mantienen tasas de desempleo que fluctúan según varía la población activa y que, desgraciadamente, van acompañadas de situaciones de personas que, pese a trabajar, tienen contratos temporales o a tiempo parcial que les aportan unos ingresos insuficientes para necesidades fundamentales (“trabajadores pobres”). Además, el nivel de desigualdad en la distribución de la renta, tanto la personal como la regional (comunidades en las que apenas se han invertido en estos años), se ha incrementado. Hay una tasa de economía sumergida que representa casi una quinta parte del PIB de nuestro país… ¿Vamos bien? La Unión Europea nos dice que debemos mejorar.

Si bien España se incorporó a la UE por esa bella idea de “ser más europeo que otros”, ahora necesitamos ser miembros de un bloque económico para poder afrontar en mejores condiciones los nuevos retos de la economía internacional. No obstante, se deben realizar de forma urgente y por consenso de todos los agentes implicados (económicos, sociales y políticos) las reformas estructurales que durante años se han ido aplazando o que, en el mejor de los casos, se han hecho de forma parcial y luego se han derogado.

Es por ello que se necesitan abordar reformas educativas, de formación y de I+D+ i estables con independencia de quién gobierne; reformas laborales, porque el mercado laboral tiene problemas estructurales que solucionar; pactos para garantizar el bienestar social (pensiones, sanidad…); pactos reales de competitividad y apoyo a pymes, porque son las que sostienen nuestro sistema productivo, y un pacto sobre crecimiento económico sostenible para incentivar las renovables, bajar el coste en energía y respetar medio ambiente.

Esta petición es una más de las muchas que durante 26 años se han realizado a través de diversas instituciones tanto públicas como privadas pidiendo estas reformas. Esperemos que, en algún momento, alguien haga caso y se inicie un proceso de consenso para solucionar los problemas estructurales de la economía española.

 Mª Yolanda Fernández Jurado es Profesora de Economía de Comillas Icade