El caso de Juana Rivas: verdades y mentiras de una dolorosa historia
Las leyes no apoyan a Juana Rivas
La defensa de Juana Rivas recurrirá la sentencia que tilda de "fracaso del sistema"
El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión y a la privación de la patria potestad durante seis años por la sustracción de sus dos hijos menores, después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con los niños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que sigue acusando de malos trato después de que ya fuera condenado en 2009.
El magistrado, que emitió su sentencia el mismo día de la celebración del juicio, también ha condenado a esta madre de Maracena a indemnizar a Francesco Arcuri en 30.000 euros, así como al pago de las costas incluidas las de la acusación. En la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, el juez desestima los argumentos e informes aportados por la defensa que se han sustentado sobre la existencia de supuestos malos tratos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO está fechada el 18 de julio, día en el que se celebró el juicio contra Juana Rivas, que alegó que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) porque "no quería vivir más" bajo "las torturas" de su ex pareja y que, ya en España, no le entregó a los niños, pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban "escapando del maltrato" y quería proteger su integridad física y psicológica.
Sin embargo, el juez considera como hechos probados que salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, por el que Francesco Arcuri fue condenado, "no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en G., el mayor de los dos hijos, se han detectado desajustes sicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de su madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica".
En los fundamentos de derecho de la sentencia se recoge además que Juana Rivas "aporta comunicaciones e informes periciales que adolecen todos de la misma falta de sustento probatorio, pues dan por veraces estos episodios de maltrato, pese a no haber quedado probado ninguno de ellos dentro de un proceso".
Rivas ha sido condenada así a 2 años y 6 meses de prisión por la sustracción de cada uno de sus hijos, de 4 y 12 años de edad, y en su sentencia el tribunal recuerda que el desconocimiento o ignorancia sobre la legislación "no excusa su cumplimiento, máxime cuando se ha contado con asesores, como de forma pública y notoria aparecía la acusada ante los medios". "Bien pudieron ilustrarla en las consecuencias que conlleva no atender un requerimiento cuando el recurso no es suspensivo", añade el juez.
El auto refleja las intervenciones, comunicaciones e informes aportados por diversos asesores, como Francisca Granados, asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena, o la Asociación Social por la Igualdad, y destaca en todos los casos la "falta de rigor" y tilda de "expresión imaginaria" cuando se menciona que el menor "ha sido apartado de un entorno de violencia".
Incluso la valoración de riesgo medio que aporta la Policía Nacional "carece de fundamento", pues se sustenta "sólo en los datos que Juana relata en su denuncia de 12 de julio de 2016, sin examinar al supuesto agresor" y sin que hayan quedado probados en ningún proceso los hechos denunciados.
Como hechos probados, el auto refleja que la pareja estuvo temporalmente separada en 2009, cuando Francesco resultó condenado por un delito de malos tratos, pero decidieron reconciliarse y en 2012 se marcharon a Italia donde de común acuerdo fijaron la residencia familiar en Calorforte, donde los menores fueron escolarizados y quedaron registrados como residentes.
En mayo de 2016 Juana Rivas viaja a Granada con los menores, según manifiesta en visita familiar y con la intención de volver, pero no lo hace, y en julio de ese mismo año interpone una denuncia por malos tratos contra Francesco en el Juzgado de Violencia 2 de Granada. Su expareja entonces promueve y obtiene la guarda y custodia provisional en Italia e invoca al convenio de La Haya para la devolución de los menores.
Los tribunales en España acordaron la inmediata restitución de los niños, pero Juana Rivas desatendió éste y otros requerimientos posteriores, llegando incluso en julio de 2017 "a ocultarse en compañía de los menores en lugar desconocido para todas las autoridades y agentes intervinientes", que no lograron localizarlos, motivando que Francesco Arcuri interpusiera denuncia por desaparición de los niños. No fue hasta el 28 de agosto cuando los pequeños fueron entregados a su padre en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.