Los expertos dan por acabado el uso de la hulla por su coste ambiental e instan a proponer un nuevo modelo para la supervivencia económica de las cuencas mineras asturianas. Las experiencias internacionales apuntan a inversiones públicas y colaboración de las empresas y los trabajadores
09 jul 2018 . Actualizado a las 18:42 h.Otra vez las cuencas mineras se ven en una encrucijada. Pero, ahora, a diferencia de lo que ocurrió a principio de los años 90, la amenaza ya no solo es grave. Es existencial. El uso del carbón como fuente de energía se encamina en España hacia la extinción y las comarcas del Nalón, el Caudal y el Narcea deben afrontar no ya una reconversión del sector, sino su desmantelamiento y la puesta en pie de un nuevo tejido económico limpio y adaptado a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Aunque a veces el debate político y económico haya puesto en cuestión la eficacia de los fondos mineros para reactivar esos territorios, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha anunciado su disposición a buscar con los sindicatos soluciones para los trabajadores cuyos empleos desaparezcan. Según las experiencia de otros países, eso debería significar la llegada de inversiones públicas cuantiosas y el establecimiento de objetivos claro, explica Lara Lázaro, profesora de Teoría Económica, especializada en el cambio climático, en un centro adscrito a la Universidad Complutense e investigadora principal del Instituto Elcano.
Lo que Lázaro desaconseja como estrategia es la defensa a ultranza del carbón y, en cambio, apuesta por apuntarse a los modelos de transición justa que ya buscan algunos países. En el Reino Unido, acaba de publicarse un informe que resume las condiciones en que se producen. La profesora, con conexiones familiares en varias provincias del norte de España, asegura que no se alegra de ser portadora de un pronóstico tan oscuro, pero no ve motivos para pensar en la continuidad del carbón. «No se trata de renegar de él. Los combustibles fósiles fueron esenciales en la segunda revolución industrial y nos han traído hasta aquí. Pero el calentamiento global es una realidad, hay consenso internacional para luchar contra él y uno de los puntos del Acuerdo de París es establecer unos presupuestos de emisiones de carbono para cada país. No pueden superarse. Sabemos bien que el carbón es uno de los combustibles que más gases con efecto invernadero generan. Y, para rematarlo, hay un estudio internacional del 2015 que asegura que el 88% del carbón que se extrae en el mundo no llega a quemarse. Queda sin uso», argumenta.
La falta de destino para el carbón tenderá a agravarse en los próximos años. Todos los países de la Unión Europea han establecido calendarios de cierre para sus centrales térmicas que solo les conceden vida hasta algún momento de la próxima década o, en los casos de los calendarios más generosos, principios de los años 30. Si la generación de electricidad se desplaza hacia otros métodos más limpios y, además, se tiene en cuenta que las ayudas públicas a las minas deficitarias caducan con el 2018, la conclusión se impone. «El futuro parece de la descarbonización. Lo tienen claro en Inglaterra, el país que floreció gracias al carbón y que es los primeros en haber trazado planes para abandonarlo. De lo que se trata ahora es de que la transición sea justa y se gestione de la mejor manera para atender a las necesidades de nuestra gente, la que puede quedarse sin empleo y sin forma de vida», añade Lázaro.
Debate hasta fin de año
Este es el momento de influir en el desarrollo de la ley que regulará el proceso en España. La nueva normativa para la lucha contra el cambio climático, paralizada desde el 2015 por el Gobierno del PP, ha cogido vuelo en las primeras semanas del nuevo gabinete socialista. La ministra Ribera ha anunciado su intención de tener listo este mismo mes un primer borrador para que la sociedad española pueda debatirlo y, después, acelerar su tramitación parlamentaria para que el texto sea aprobado antes de que se acabe el año. Lázaro señala que los agentes sociales tienen en ese periodo de debate una oportunidad de conseguir que la versión final recoja sus preocupaciones y sus necesidades.
El Reino Unido abrió el camino de la descarbonización en Europa hace ya una década. Su proyecto de transición es del 2008. Alemania se incorporó a ese rumbo en el 2013 y Francia lo ha emprendido con fuerza desde el 2016. Su modelo, inspirado a su vez en el británico, es el que más gusta en el Gobierno español. Propone a las comarcas donde cierren centrales térmicas o nucleares unos contratos de transición ecológica que ayuden a encontrar nuevas actividades productivas, a pasarse a formas limpias de energía y a cumplir los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Vistos a esa luz, a pesar de las polémicas locales sobre su uso, el plan del carbón y los fondos mineros de los años 90 no fueron una idea tan desconectada de lo que se hace en otros lugares.
Una variedad de esas iniciativas aparecen citadas en Investing in a just transition (La inversión en la transición justa), el informe publicado el mes pasado en el Reino Unido por varios centros de investigación e instituciones dedicadas al reto del cambio climático. Sus autores, Nick Robins, Vonda Brunsting y David Wood, son expertos veteranos en ese campo y se dirigen a los responsables de la toma de decisiones en las administraciones públicas, las empresas y las entidades del tercer sector para señalar los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de formular políticas y objetivos para las comarcas sometidas a ese tipo de procesos. También analizan las iniciativas que ya se han puesto en marcha. En Australia, el estado de Victoria decidió cerrar la térmica de Hazelwood, el principal motor económico del valle de Latrobe, y lo acompañó con un plan para reducir al mínimo la pérdida de empleos, dar formación en otros campos a los trabajadores y estimular las jubilaciones anticipadas. En Canadá, el Gobierno del estado de Alberta inició negociaciones con empresas y sindicatos para reducir el peso del carbón y comprometió fondos públicos pata ayudar a conseguirlo.
En Europa, la propia Unión Europea, el Reino Unido y Francia ofrecen lecciones, a juicio de los investigadores, que advierten que las implicaciones de la lucha contra el cambio climático afectan a todo un país y no pueden verse reducidas a políticas sectoriales sobre energía o empleo. El problema, además, es global y afecta a los países en desarrollo. China, Sudáfrica y Marruecos ya tienen planes para limitar su dependencia de los combustibles fósiles. Pero en todas partes hay una participación del Estado como la hubo en los fondos mineros.
Existen ya pequeños modelos de éxito. Recientemente, una delegación de Altenativa Verde por Asturies Equo acompañó al eurodiputado de la formación, Florent Marcellesi, en una visita a uno de los municipios en transición del Noreste francés. En Loos-en-Gohelle, muy cerca ya de la frontera con Bélgica, el carbón fue entre mediados del siglo XIX y 1986 un monocultivo comparable al de las cuencas asturianas, del que aún hoy dan testimonio las escombreras y los pozos cerrados. El pueblo, sin embargo, se ha transformado: tiene un centro de investigación de energías limpias, produce energía renovable, tanto para su propio consumo como para exportación, y es un referente de la bioconstrucción. Lo que falta poner a prueba es si acierta en su conclusión Sindo Rubín, uno de los dirigentes asturianos de Equo presentes en ese viaje: «La sociedad está preparada para entender que las minas y las térmicas son el pasado, lo que esperan de la política es valentía y sinceridad para construir un nuevo modelo económico».