Una herida que sangra cada vez más, que daña nuestro mercado laboral y que ofende a toda la sociedad, es la siniestralidad. Los accidentes de trabajo representan el culmen la de la precariedad laboral. No se puede medir, en términos cuantitativos, el drama de una familia que pierde a uno de sus miembros por el hecho de ir a trabajar para ganarse la vida. Cualquier inversión que se exija al empresario para evitar los accidentes está más que justificada. De hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/1995, ya recoge que la prevención no debe considerarse un gasto, sino una inversión, y debe ir incorporada en la propia gestión de la empresa.
Desde UGT no podemos tolerar que los accidentes mortales hayan aumentando casi un tercio en los primeros meses del año. A 18 de mayo, han fallecido este año en Andalucía 43 trabajadores, frente a los 33 de 2018, un incremento del 23%.
En la construcción, el sector donde más crece la siniestralidad, ha habido un aumento de casi el 70% entre 2013 y 2018, fechas en las que ha habido recuperación de la actividad tras la crisis, pero no se han tomado las medidas de prevención necesarias para evitar los accidentes.
La situación de precariedad en el empleo, los contratos temporales y la falta de formación inciden directamente en el incremento de la siniestralidad. Hacen falta más inspectores de trabajo, con campañas de inspección sin previo aviso; sanciones más contundentes y rechazo general a los que no cumplen; medidas disuasorias de que el incumplimiento de las normas de salud laboral no es rentable, ni económica ni socialmente.
El próximo Gobierno, que conformará Pedro Sánchez, no tiene ya más excusas para derogar la reforma laboral, lo que permitiría mejorar los derechos laborales en los convenios colectivos, entre otros en salud laboral. Hay una evidente falta de formación en los trabajadores y se debe impartir dentro del puesto de trabajo para prepararnos para la revolución 4.0.
Han subido también los accidentes in itínere, por el estrés que sufren los trabajadores, en especial los que tienen que compatibilizar varios empleos para poder llegar a fin de mes.
Y nos preocupa mucho la patología silente, la carga mental que aumenta los accidentes no traumáticos pero que provocan fallecimientos por ictus, infartos y derrames cerebrales.
Quiero destacar también el daño que hace la temporalidad, sobre todo los contratos de menos de un mes. Para estos contratos, muchos empresarios, incumpliendo la legislación, consideran una pérdida de tiempo el impartir formación a sus trabajadores y trabajadoras, incluso la formación específica en prevención, para puestos que, a veces, tienen un alto riesgo de accidente. Vamos a estar especialmente vigilantes desde UGT para que dichos contratos se realicen por cuestiones muy justificadas y que, en cualquier caso, el trabajador o trabajadora nunca empiece a desempeñar su labor hasta completar la formación en salud laboral que exige el puesto.
En Andalucía, el 95% de las empresas son pequeñas y medianas, y muchas sin representación sindical ni delegado de salud laboral. Por ello, es fundamental crear, legalmente, la figura del delegado sectorial de prevención, para que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas, también en las pymes, que es donde más accidentes se producen.
Igualmente, desde UGT Andalucía, reivindicamos la creación de un Juzgado específico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Y nos ofrecemos a colaborar con las administraciones para poner en marcha una potente campaña de sensibilización social, al estilo de las que se llevan a cabo en violencia de género o de la Dirección General de Tráfico.
Carmen Castilla 
Secretaria General de UGT-A
@mc_castilla
