Juan Cotino ha pasado de ser el «factótum», el que «cortaba el bacalao», al «elemento nuclear» en la visita del Papa a Valencia. Un evento que investiga el juez José Ceres en la macrocausa valenciana de Gürtel y que podría motivar el interrogatorio como imputado de la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana por ser el «responsable último en la toma de decisiones».
Así lo constata la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en un extenso informe entregado este viernes al instructor en el que vuelve a señalar directamente al presidente de las Cortes pese a la demanda anunciada por Cotino contra el autor de los informes que le incriminan.
En las primeras páginas del informe, la Udef dedica un extenso apartado a analizar la naturaleza de la Fundación V Encuentro, un asunto trascendente para el transcurso de las diligencias. En el caso Nóos, por ejemplo, el juez Castro archivó la imputación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, porque concluyó que la naturaleza de la Fundación Turismo Valencia era privada pese a que los fondos de los que se nutrían eran «abrumadoramente» públicos.
En el caso de la del Papa, la Policía cita un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que asegura que a partir del año 2005 «se estableció el sometimiento a las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimientos de licitación, para las Sociedades Anónimas Públicas (también para las Fundaciones Públicas), en los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios, de cuantía superior a 206.000 Euros (sin IVA)». En idénticos términos se ha pronuncia la Intervención General del Estado por lo que parece que no habrá discusión sobre el asunto.
En cambio, según el informe, los agentes indican que «no existe departamento de contratación en la Fundación», «que las decisiones de contratación se tomaban en las reuniones del Patronato», «que dado el carácter privado de la Fundación no existen pliegos de contratación, ni borradores de los mismos» y que «no existen actas, ni última, ni de ninguna clase, donde consten las deliberaciones previas a la decisión sobre la cesión de la señal institucional, ni de los demás actos mencionados en el Convenio entre la Fundación y RTVV».
Para la Policía, a la Fundación V Encuentro -compuesta a partes iguales por el Ayuntamiento de Valencia, Diputación, Generalitat y Arzobispado- «le serían aplicables las normas de sometimiento a los principios generales de publicidad y concurrencia de la Ley de Contratos de la Administración Pública».
Según la Udef «especialmente significativas son las declaraciones en sede judicial efectuadas por la persona nombrada como coordinador del área de Infraestructuras de la Fundación V EMF Valencia 2006», José Selva, que dijo «que en la Fundación estaban cuatro organismos, pero los que cortaban el bacalao eran los políticos. Que el que decidía todo era Juan Cotino», recuerda la Policía.
El presupuesto diseñado por el V Encuentro Mundial de las Familias revela costes desbocados en un evento religioso que duró dos días. 1,3 millones se destinaron a la liturgia; 1,2 a alojamientos; 1 millón a la web y la producción audiovisual; 1,2 a medios técnicos: 4,1 a infraestructuras, y, sorprendentemente, 7,7 a publicidad. Además, hicieron falta 500 conjuntos de casulla y mitra al precio de 113 euros más IVA y otras 400 casullas a 70 euros más IVA que costaron 84.500 euros, a pesar de que la tela la proporcionó la propia Fundación. En total el ente presupuestó 22 millones de euros.
Para hacer frente a la deudas la Fundación recurrió a una póliza de crédito con la CAM de 300.000 euros, dice ahora la Policía. El Consell de Alberto Fabra ha absorbido parte de la deuda de la Fundación para liquidarla y zanjar polémicas.
La clave: el acuerdo entre la Fundación y RTVV
La Policía sospecha que Cotino habría tenido la misma responsabilidad en el amaño del mayor contrato concedido por RTVV que Pedro García, ex director general imputado ya en la causa. Gürtel se hizo con este contrato a través de la constructora leonesa Teconsa, donde se ocultó para no levantar sospechas, según los indicios del sumario. La Fundación V Encuentro -compuesta a partes iguales por el Consell, Ayuntamiento de Valencia, Arzobispado y Diputación- renunció a gestionar este contrato tras la supuesta intervención de Cotino y delegó la adjudicación en la dirección de RTVV, lo que habría allanado el camino para perturbar el concurso.
«Juan Cotino era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último en la toma de decisiones, va adoptando resoluciones en relación a las necesidades de recursos para desarrollar los actos de tal forma que se opta por desagregar los suministros de servicios en varios contratos acordando posteriormente el patronato que sea la RTVV quién se encargue de la retransmisión de la señal, del suministro de pantallas y de la sonorización del evento mediante la cesión de tales competencias». A su vez se define, afirma la Policía, que sea Álvaro Pérez 'El Bigotes', el enlace con Correa en Valencia, «quién lo lleve a cabo a pesar de contar con la oposición del responsable del área de infraestructuras José Selva -que declaró como testigo- porque suponía un encarecimiento del coste de los servicios al colocar un intermediario innecesario en el proceso».
Planificación de la red
Según la Policía, la organización de Correa, a partir de la segunda mitad de 2005, «planifica y lleva a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a la consecución del objetivo final, que no es otro que el de lograr la adjudicación del procedimiento administrativo de prestación de servicios y suministro, al que tenían intención de presentarse».
El propósito inicial era «lograr ser los adjudicatarios de la prestación de un conjunto de trabajos a llevar a cabo para la ejecución de dicho evento que abarcaban: el suministro de vallas, pantallas, sonido, iluminación, escenario, WC, decoración, animación, mobiliario, publicidad» para lo cual solicitan presupuestos de distintos proveedores de material y servicios». Para ello encargan «un pliego de condiciones económico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas que recoja de forma conjunta las distintas partidas» y se «piensa en un primer momento en el establecimiento de una unión temporal de empresas (UTE), con la mercantil Tragos», contratistas habituales del Ayuntamiento.
La Policía realiza la afirmación tras constatar que en una de las actas del grupo preliminar de trabajo de la Fundación «refleja que se presenta ante el mismo la propuesta del pliego de condiciones-económico administrativas para el concurso de diferentes partidas, si bien se llega a la conclusión de que se tendrían que establecer dos tipos de concursos simples y más completos».
Correa se conformó con el contrato de RTVV, el mayor pelotazo que logró en Valencia. García le adjudicó el servicio «con la oposición del responsable del departamento técnico del ente Luis Sabater».
Indicios contra Cotino
Las referencias al papel desempeñado por parte de Cotino, entonces conseller de Agricultura, y Víctor Campos, ex vicepresidente, son constantes. La Policía cita, por ejemplo, grabaciones efectuadas por parte de José Luis Peñas, ex cargo del PP que puso sobre la pista a la Audiencia Nacional e hizo tambalear a Génova 13, en las que Alvarito indica que Campos «le puede nombrar por la cara coordinador general no se qué del evento..., que Cotino no puede estar todo el día en el río, que es Cotino quien lo coordina». La referencia al río se refiere a que el presidente de las Cortes indicaba dónde y cómo poner las pantallas.
El juez ha dado traslado a las partes del informe, que podrán plantear más diligencias. PSPV e imputados estudian si piden la imputación de Cotino y Campos tras el informe.
