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RAMÓN MUÑIZ
GIJÓN.
Lunes, 15 de enero 2018, 01:19
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La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha recopilando una batería de medidas para «situaciones de alerta y eventual sequía». El documento está en información pública y propone deberes para todos. Entre ellos insta a los ayuntamientos a castigar «los consumos excesivos», aprobar «tarifas estacionales en caso de escasez» y diseñar «estímulos por consumos responsables».
«La sequía es un fenómeno muy recurrente; entre 1940 y 1988 hubo unos 30 episodios. Podemos tener uno aproximadamente cada seis años», explica Jesús González, jefe de la oficina de planificación de la CHC. De ahí la necesidad de prevenir, incluso en una región de abundantes precipitaciones como Asturias. Baste recordar que el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente activó la situación de prealerta por sequía el 7 de junio pasado y la mantuvo hasta el 15 de diciembre.
Además de nuevas medidas de contigencia, el plan especial ahora en tramitación afina los umbrales que marcan cuándo se decreta y suspende este tipo de prealertas. En función del nivel de los embalses, ríos y precipitaciones, se establece un indicador de sequía y otro distinto para la escasez. Hasta ahora ambos conceptos eran uno solo «lo que generaba alarmas innecesarias; con los márgenes del nuevo sistema habrá más estabilidad», explica González.
Anticipar las situaciones de escasez obligó a estudiar cuáles son las necesidades de cada zona y sus posibilidades de suministro. Primer apunte. La industrial requiere más líquido que las viviendas. Las poblaciones agotan unos 137,8 hectómetros cúbicos al año mientras las empresas se 'beben' 178,02. Un matiz. Estos números incluyen algunos municipios limítrofes de León y Lugo.
El reparto acredita que «en el Cantábrico somos muy distintos al resto del país, donde el 80% del consumo se va al regadío», ilustra el especialista de la CHC. En su lugar, aquí la primacía es de una industria donde «la actividad que más agua requiere es la correspondiente al sector productivo de la industria metalúrgica y productos metálicos, seguida del sector de la industria química y farmacéutica, y de los sectores de la madera y corcho, papel, ediciones y artes gráficas», según detalla el borrador.
Al final, si se incluye la agricultura y otros usos, resulta que la industria utiliza la mitad del agua gastada en esta demarcación. Además de constatar eso, los técnicos opusieron las necesidades de cada área con sus recursos disponibles. El modelo matemático aplicado permitió así identificar cuáles son los concejos donde el abastecimiento quedaría más comprometido caso de prolongarse la escasez de lluvias. Se trata de Valdés, Caso, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Salas y Nava.
El criterio para identificarlos es el de confrontar sus demandas habituales con sus abastecimientos. Es decir, es un resultado teórico. «No tienen por qué pasar problemas, pero es donde el modelo nos dice que pueden darse más fallos de garantía», contextualiza el jefe de Planificación. En la vida real, antes de tener que cerrar el grifo la CHC ya habría activado soluciones de urgencia. Por ejemplo, sería menos estricta con los caudales ecológicos, esto es, el agua que normalmente obliga a dejar fluyendo en los ríos para garantizar que el medio ambiente no sufra. También se habrían arbitrado medidas de ahorro para reducir el consumo usual.
Para evitar los peores escenarios, el plan especial contempla medidas a aplicar en función de si la situación es de prealerta, alerta o urgencia. En síntesis, se trata de buscar un consumo más racional, algo que la CHC insta al resto de administraciones a promover sin necesidad de esperar a las sequías. «La penalización de los consumos excesivos debería hacerse en situaciones de normalidad», recuerda González.
Igual propone con las tarifas estacionales. «Servirían para optimizar el uso del agua y se pueden poner precios variables a lo largo del año, o en situación de sequía», expone. Es decir, la idea pasaría por encarecer el recibo de forma puntual cuando faltan precipitaciones, o marcar precios distintos en función de si es época de lluvias o verano.
El jefe de Planificación matiza que CHC propone, pero no dispone. «La competencia sobre las tarifas no es nuestra», recuerda Jesús González. Por eso el plan especial asigna a los ayuntamientos la suerte de esta idea.
En lo tocante a las empresas, el documento insta a los grandes consumidores a hacer planes de ahorro. En la práctica el organismo ya trabaja en esta línea, aprovechando la renovación de las concesiones a la industria para exigirle que incorpore «tecnologías que minimicen su consumo», anota.
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