«Los gobiernos tienen la obligación de velar por la salud pública y se trata de una norma que está en la mayoría de los países europeos y avanzados». El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero defendía hace doce años la entrada en vigor de la ley antitabaco, que limitaba por primera vez fumar en España. Un lustro más tarde se endurecía con la prohibición de consumir tabaco en cualquier lugar cerrado. Los beneficios de tal medida, según señala la Organización Médica Colegial (OMC), son evidentes, y ahora que el tabaco es visto como un problema de salud, la exposición de la población al humo del tabaco ambiental ha disminuido en un 57%, la contaminación interior en los locales de ocio ha caído en un 90% y el número de fumadores entre 2009 y 2014 se redujo en 1,2 millones de personas.
Un impacto positivo que se ha visto ralentizado en los últimos años. «Es necesario tomar más medidas», explica Regina Dalmau, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), organización que aglutina a profesionales sanitarios y asociaciones para prevenir este consumo. Muchas de estas ideas para frenar la incidencia del tabaco -el 28% de la población se declara fumadora, según la última encuesta del Eurobarómetro publicada en mayo de 2017- reclamadas por los expertos están vinculadas al bolsillo. Por ejemplo, establecer una fiscalidad de los productos del tabaco semejante para todas las presentaciones. El objetivo es evitar que la afición a estos productos se desvíe a otros que puedan resultar más baratos. «El consumo de la picadura de tabaco ha aumentado un 43% desde el inicio de la crisis», incide Dalmau, que reclama más presencia institucional para alertar de los perjuicios del tabaco. «Desde 2006, el Gobierno no hace una campaña. Solo ha habido una en redes sociales», recuerda.
