Los partidos políticos reclaman un plan de vivienda asequible
Las formaciones instan a relanzar y blindar el parque público del alquiler Llaman a impulsar la rehabilitación para sacar más casas al mercado
El parque de vivienda pública en España es prácticamente inexistente. ¿La razón? Un modelo que ha funcionado durante décadas posibilitando que los beneficiarios se convirtieran propietarios de las casas construidas con recursos públicos. La Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV) reunió ayer a representantes de las principales formaciones políticas para dar respuesta a esta problemática y proponer medidas encaminadas a poner en marcha de un parque de vivienda asequible para los ciudadanos.
La diputada popular Ana Zurita llamó a revisar el concepto de vivienda de protección oficial (VPO) ya que el modelo actual ha conducido a que las casas construidas con recursos públicos “dejen de pertenecer a la Administración y pasen a manos de las familias”. De haberse mantenido las casas edificadas desde la década de los 50, hoy el parque público ascendería a los seis millones de viviendas, calculó.
La exministra y secretaria federal de vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, compartió el diagnóstico y lamentó que se haya destinado “un presupuesto ingente de dinero público para que haya acabado en manos de propietarios privados” de familias pero también de “fondos internacionales”.
Corredor apostó por promover un parque de vivienda en alquiler a través de la colaboración público-privada, ya que “la posibilidad de acceder a una casa en propiedad para millones de personas es absolutamente nula”. La portavoz de Podemos, Pilar Garrido, apoyó la medida pero llamó a pensar además en nuevas fórmulas como la gestión de uso, las cooperativas, o las viviendas dotacionales con espacios comunes.
La senadora de Podemos lamentó que el derecho a la vivienda “no haya caído bajo el paraguas del Estado de Bienestar, a diferencia del derecho a la sanidad o a la educación”, una visión compartida por Corredor. En esa línea, el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Garaulet destacó la necesidad de replantear el concepto de la vivienda “no como un bien económico, sino como un bien social”.
Garrido insistió en actuar también sobre el parque ya construido, vinculando las ayudas a la rehabilitación al alquiler asequible para sacar al mercado viviendas vacías. Según el censo de 2011, estas superan los tres millones. Garaulet añadió que había que dotar de mayor seguridad juridíca a los propietarios para que pongan sus pisos en el mercado.
Corredor, por su parte, defendió la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, y criticó que la modificación introducida en 2013 por el PP –que desvinculó la actualización de las rentas al IPC–, haya producido que en los últimos años, “los propietarios hayan disparado los alquileres de forma libre e indiscriminada”.
