Los decanos de Valencia, Alicante, Castellón y Elche apoyan un documento que reclama un Poder Judicial independiente y eficaz

Piden reducir aforamientos y apostar por la modernización judicial

En España no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Independiente. Por ello es necesario más que nunca un Pacto de Estado en materia de Justicia en busca de la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional.

Los jueces decanos de España, los únicos cargos representativos que son elegidos por los propios togados, han vuelto a reunirse para plantear una serie de medidas que rompan con la sensación de impunidad, agilicen los procedimientos y acaben con la corrupción. En definitiva, que «la Justicia no sea percibida como un problema sino como la solución a muchos problemas».

Este año los decanos han elegido Málaga para celebrar las XXVI Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España en las que han participado el decano de los jueces de Valencia, el magistrado Pedro Viguer; así como el de Castellón, José Luis Conde-Pumpido García; Alicante, Salvador Bellmont; y Elche, la magistrada María José Boix.

Todos los asistentes, en nombre de los más de 2.000 jueces que representan, hicieron público ayer un documento en el que reclaman «con urgencia» un pacto de Estado «con una hoja de ruta clara que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial». Consideran que no se trata «sólo de aprobar leyes, ya muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente dotación presupuestaria, hoy muy escasa».

De la batería de propuestas planteadas por los jueces decanos destacan las que buscan luchar contra la corrupción o eliminar la apariencia de politización. Muchas de ellas ya fueron incluidas en encuentros anteriores, la mayoría siguen siendo ignoradas por los políticos.

Respecto al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el documento aprobado ayer apunta a que «es preciso reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en su órgano de gobierno». Ello pasa, continúan, «no sólo porque sus miembros judiciales sean elegidos por los jueces -mediante sufragio libre, igual, directo y secreto- y no por el Poder Legislativo, sino también por potenciar sus competencias, garantizar un cierto ámbito de autonomía presupuestaria y asegurar que la elección de sus miembros responden al único fin de garantizar la independencia judicial frente a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos y de terceros».

Además, apuestan por la «elección por los propios jueces y magistrados de las presidencias de tribunales», pues «hoy dichos cargos son de designación discrecional», y reclaman «la independencia económica del Poder Judicial, que no puede ni debe seguir condicionado por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos».

Respecto a la responsabilidad judicial, responsabilidad pública y responsabilidad política consideran que «el proceso penal debe quedar al margen de cualquier tipo de instrumentalización y para ello es muy necesario zanjar el debate sobre la incidencia de la imputación en los cargos públicos cuya indefinición genera mucha confusión y debates estériles pero muy dañinos ya que en la mayoría de los casos son utilizados políticamente». «El debate político debe tener lugar fuera de los tribunales», subrayan.

Los jueces decanos de la Comunidad también apoyan la reducción de aforamientos. Consideran que «complican, dilatan y perjudican notablemente la tramitación de las causas por corrupción -sobre todo en la fase de investigación- y además evidencian desconfianza hacia el juez ordinario predeterminado por la Ley, lo que no tiene sentido en pleno siglo XXI».

En este sentido lamentan que «a pesar del ya dilatado debate sobre la supresión o limitación de los aforamientos, no se ha suprimido ni uno solo, ni siquiera los previstos en los Estatutos de Autonomía». También piden eliminar «ciertos privilegios» que «eximen a determinadas autoridades» a comparecer ante un juez.

Justicia y economía

Otra de las propuestas aprobadas ayer busca potenciar la Justicia como un elemento dinamizador de la economía. Los decanos valencianos apoyan el documento que considera que «a pesar de que el sistema judicial ha estado siempre alejado de los análisis económicos, nadie duda hoy, en cualquier país desarrollado, de la enorme relevancia de la Administración de Justicia como elemento para dinamizar la economía, para impulsar el intercambio de bienes y servicios. Es más, los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión».

«La Justicia no puede ser un problema para la economía», defienden los jueces decano. «Al contrario, debe ser la solución, debe contribuir al desarrollo y al normal desenvolvimiento de las relaciones económicas, dicho de otro modo, debe contemplarse como instrumento para contribuir al flujo económico sin paralizar las transacciones más que el tiempo estrictamente necesario».

El texto redactado en Málaga también apuesta por desarrollar la ley de Segunda Oportunidad, pues «es una ley absolutamente fracasada, lo cual es grave, sobre todo cuando generó falsas expectativas a millones de ciudadanos». Las cifras son elocuentes: sólo 344 concursos de persona física no empresario en el primer semestre de 2016, «que no llegaron a 600 en 2015, cuando en Francia o Alemania se superan ampliamente los 100.000 concursos de persona física al año». «Hemos sido los últimos de Europa en regular la segunda oportunidad y lo hemos hecho de forma timorata, hasta el punto que la Ley no ha tenido incidencia alguna», lamentan.