El fiscal responsable de medio ambiente, José Luis Díaz Manzanera, ha abierto diligencias informativas sobre la contratación y la gestión de la desaladora de Escombreras, construida en 2004 e impulsada por el Gobierno regional, para esclarecer si las pérdidas económicas millonarias que presenta esta infraestructura, según denuncian el PSOE y el abogado Diego de Ramón, se debe a una mala gestión o derivan de alguna actuación ilícita.
Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía a LA OPINIÓN, que aclararon que esta investigación es totalmente independiente de la causa de Novo Carthago, que se inició en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y que ahora ha sido enviada al Tribunal Supremo.
Díaz Manzanera, además, ha enviado oficios a una veintena de organismos públicos y empresas reclamando información sobre la desaladora.
Entre estas entidades se encuentran la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Autoridad Portuaria de Cartagena, las consejerías de Agricultura y Agua y Economía y Hacienda, la Entidad Pública del Agua, el Tribunal de Cuentas y empresas públicas o privadas como Hidronostrum o Hydro Management.
El pasado lunes, un equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia se plantó en las dependencias de la empresa pública Desaladora de Escombreras S. A. para recoger la documentación que reclamaba el Ministerio Fiscal. «En ningún momento fue un registro, que debe ordenarlo un juez», según fuentes de la Fiscalía.
La investigación se encuentra en fase embrionaria, a la espera de que el fiscal José Luis Díaz Manzanera recopile toda la documentación y la revise. Pero lo que más ha llamado la atención al Ministerio Público de las denuncias recibidas es la gran cantidad de pérdidas económicas que genera la infraestructura desde su puesta en marcha desde 2010 y la previsión que hay de que se gasten 600 millones de euros hasta 2030, tal y como establecería el canon de saneamiento, según señalan los denunciantes.
El fiscal también advierte de la escasa utilización que ha tenido la desaladora desde su entrada en funcionamiento. De 26 ayuntamientos que, en un principio, iban a adquirir agua producida en esta planta, finalmente solo se han firmado convenios con tres de ellos (Cartagena, Torre Pacheco y Murcia). Otro punto importante de la investigación será el entramado societario de las empresas relacionadas con la desaladora.
El Ministerio Fiscal analizará ahora toda la documentación recibida y no descarta recurrir a peritajes para aclarar algunas cuestiones. En caso de encontrar indicios claros de delito, presentaría una querella en el juzgado de instrucción correspondiente.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, se refirió ayer a las diligencias del fiscal y dijo que «ya no es noticia, es el pan nuestro de cada día», reclamando celeridad a las investigaciones «porque es judicialmente interminable y políticamente insoportable, pero estamos habituados».
Asimismo, el secretario de Comunicación Interna del PSRM-PSOE, Emilio Ivars, afirmó que ahora es más necesaria que nunca la creación una comisión de investigación en la Asamblea Regional sobre la desaladora de Escombreras, como propone el Grupo Parlamentario Socialista desde hace años, con la negativa del Partido Popular.
