A Caja Inmaculada (CAI) le sigue durando la resaca por el empacho de inversiones en el sector inmobiliario, con la novedad de que ahora es Ibercaja la que debe pagar los platos rotos de la entidad que ha absorbido. La recién estrenada integración bancaria, que culminó el pasado 1 de octubre, se estrena con la obligación de pagar de forma urgente una factura de 7,6 millones de euros a la inmobiliaria Aifos, antigua socia de CAI Inmuebles --la ruinosa matriz con la que la entidad aragonesa operaba en el mercado del ladrillo-- en la Costa del Sol. Así lo ha dictaminado la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga, María Jesús del Pilar, que ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia --dictada el pasado mes de abril-- que condenaba a la ya desaparecida caja de ahorros a reintegrar dicho dinero.

Este fallo judicial, que ha sido recurrido recientemente por la entidad ante la Audiencia de Málaga, resolvió el incidente concursal en el que Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias reclamaba que CAI Inmuebles fuera declarado administrador de la sociedad promotora del hotel Guadalpín Puerto Banus, operación que se convirtió en uno de los episodios emblemáticos de la operación Malaya, el asunto de corrupción urbanística que hace una década se llevó por delante al Ayuntamiento de Marbella.

CAI Inmuebles tiene 10 días para pagar, a contar desde el pasado 30 de septiembre, fecha en la que se dictó el auto de la jueza que mandata ejecutar la sentencia. De lo contrario, se ordenaría el embargo de bienes, según consta en el escrito del tribunal al que tuvo acceso este diario.

En concreto, la entidad financiera debe abonar a Aifos 5.896.229,62 euros, cantidad que en su día la CAI había recibido de la inmobiliaria como anticipo de unos beneficios que nunca llegaron. A esto hay que sumar 1.768.000 euros de intereses y costas, por lo que la cifra total que deberá abonar asciende a 7.664.229,62 millones.

ACUERDO

La relación de la caja aragonesa con Aifos, de la que era propietario el empresario zaragozano Jesús Ruiz Casado, se inicia a finales de junio del 2000 con la firma de un contrato de cuentas en participación --al 50% cada parte-- para promover la construcción de dos complejos hoteleros en Marbella: el Guadalpín Puerto Banús y Guadalpín Village (este no llegó a ser ejecutado). Para desarrollar esta operación, la filial inmobiliaria de la caja aportó doce millones de euros procedentes de la matriz financiera (CAI).

Las relaciones entre las dos empresas se tensaron cuando el administrador único de Aifos se vio envuelto en la operación Malaya, en cuyo juicio resultó absuelto. Eso provocó una serie de maniobras de la entidad financiera y de su filial para liquidar la colaboración. Poco después, Aifos entraba en concurso de acreedores, proceso en el que sigue inmersa.

CUENTAS PENDIENTES

Las pérdidas de CAI en esta operación, que a partir de ahora deberá asumir Ibercaja, podrían ser mayores. La sociedad que promovieron conjuntamente la caja y Aifos sumaba unas pérdidas de entre 23 y 25 millones de euros a finales del 2011, cuando se pactó la liquidación. Por ello, la inmobiliaria tiene previsto reclamar a la jueza que la entidad financiera asuma una parte de ese agujero económico. Si así fuera, la deuda imputable a CAI no podrá exceder en cualquier caso de 10,2 millones, como así figura en el contrato que firmaron en el año 2000.

La alianza con Aifos representa un capítulo más en las aventuras inmobiliarias que la caja hizo en Andalucía y Aragón, principalmente. Una sobreexposición al ladrillo que acabó provocando cuantiosas perdidas a CAI a raíz de la crisis de la construcción, lo que precipitó su hundimiento y la posterior absorción a la fuerza por parte de Ibercaja. El riesgo inmobiliario asumido ha sido analizado con lupa en la comisión de investigación de CAI formada en las Cortes de Aragón, que está ultimando sus conclusiones.