La Fiscalía propone tipificar la suplantación en Internet

La criminalidad informática ha crecido un 83% entre 2011 y 2013 y más del 80% de las investigaciones tienen que ver con estafas, según recoge la Memoria presentada por el Fiscal General del Estado.

La Fiscalía General del Estado propone tipificar el delito de suplantación de identidad en Internet. Ésta es una de las propuestas de reforma legislativa que plantea el Ministerio Público y que aparecen recogidas en la Memoria que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presentó la semana pasada en la Apertura del Año Judicial ante el Rey Felipe VI.

Según se explica en el documento, se trata de "un problema que no ha hecho más que aumentar" ya que, según apunta, "se está detectando un incremento cada vez mayor de este tipo de conductas en foros, chats o redes sociales y, en general, en los medios de comunicación electrónicos, con el evidente perjuicio que las mismas pueden generar en el normal desarrollo de la vida y actividad personal y profesional de quien es víctima de esa suplantación de identidad online".

La memoria llama la atención sobre el hecho de que estas situaciones no tienen, hoy por hoy, una respuesta adecuada por parte de nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, tal y como apunta la Fiscalía, la suplantación de identidad es una "conducta penalmente atípica, salvo que sea posible, en atención a las circunstancias concurrentes, reconducirla a otros tipos penales", es decir, trasladar al mundo online los delitos ya tipificados para el mundo offline.

Pero el Código Penal actual tipifica exclusivamente el delito de usurpación del estado civil y el proyecto de reforma del texto, que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso, aborda tímidamente este problema con un artículo que pretende sancionar las conductas de acoso permanente a una persona, pero, en opinión de la Fiscalía, sigue sin solucionarse el problema.

Sentencias absolutorias En este sentido, la Memoria expone que se han dictado sentencias absolutorias por no estimar cometido este delito, en supuestos en los que únicamente se había acreditado un uso concreto y determinado de la identidad ajena para alguna finalidad muy específica.

Sin embargo, debería tenerse más en cuenta que esta situación "puede afectar muy seriamente a la fama, al honor, a la consideración pública o a la intimidad de la víctima y también al nivel de confianza exigible en el ámbito de las relaciones interpersonales particulares o profesionales y, por tanto, a bienes jurídicos necesitados de protección penal".

En muchos casos estas conductas quedan al margen de la aplicación del artículo 401 del Código Penal vigente, relativo a la usurpación del estado civil, y por tanto, quedan impunes. Por ello, la Fiscalía propone tipificarlo en el título dedicado a las falsedades como un capítulo independiente, al igual que ocurre con los delitos de usurpación de estado civil y de usurpación de funciones públicas e intrusismo. Además, propone que sea castigado con una pena de seis meses a dos años de prisión o multa de seis a 24 meses.

Según los datos de la Fiscalía, en 2013, se incoaron en nuestro país un total de 11.990 procedimientos judiciales de uno u otro tipo por hechos ilícitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Una cifra que prácticamente dobla la de daños anteriores, puesto que en 2011 y 2012 fueron incoados 6.532 y 7.957 procedimientos, respectivamente.

Es decir, el incremento de este tipo de casos entre 2011 y 2013 es de un 83,5% (aumentó un 21,82% en 2012 y un 50,64% en 2013), según dice la Memoria. El análisis de los datos disponibles revela, además, que un volumen importantísimo de las investigaciones tiene su origen en denuncias por estafa: un total de 9.663 en el año 2013, lo que suponen más del 80% de las investigaciones incoadas.

Aspectos destacados de la Memoria

Código Procesal Penal frustrado La Fiscalía General del Estado pone de manifiesto en la Memoria su deseo de que se produzca una refundación del proceso penal español mediante la sustitución de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, expresa su frustración porque el Gobierno "parece haber desistido de impulsar la reforma" legislativa planteada en el borrador del Código Procesal Penal –elaborado por una comisión de expertos designada por el Ministerio de Justicia– que transfería la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. Considera que con ello se conseguiría una justicia penal eficaz, rápida y penalmente operativa.

No se devuelve lo defraudado Los casos de corrupción desbordan los recursos de fiscalías y juzgados. En este ámbito, para la Fiscalía, uno de los grandes problemas que hay que afrontar es el retorno a la sociedad de los capitales defraudados, pues las medidas cautelares y de ejecución patrimonial no siempre alcanzan su objetivo. Por ello, propone mecanismos de prevención que aborden el problema en sus orígenes, creando mecanismos de alerta temprana en el seno de las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, empresas, fundaciones y demás entes públicos. También pide reforzar el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos.

Menos recursos contra la Administración Las fiscalías territoriales han puesto de manifiesto que en 2013 se produjo un descenso generalizado de la actividad jurisdiccional en el ámbito contencioso-administrativo. Según la Fiscalía de Navarra, uno de los principales factores que pueden incidir en ello es la entrada en vigor de la Ley de Tasas, con particular incidencia en recursos como los que se interponen contra sanciones de tráfico o contra sanciones por infracción del horario de cierre de locales, que antes eran automáticamente recurridas (en muchas ocasiones con una finalidad sustancialmente dilatoria) y que ahora se ven frenados por el efecto disuasorio de la tasa.