Los abogados se rebelan ante el maltrato al turno de oficio

La nueva Ley de la Justicia Gratuita no convence a la abogacía. La escasa retribución, la falta de garantías de cobro de los abogados de oficio y la burocratización del sistema son los puntos más polémicos.

El anteproyecto de Ley de la Justicia Gratuita se ha convertido en noticia estos últimos meses ante las innumerables protestas de los colegios de abogados y del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Sin embargo, las verdaderas dificultades a las que se enfrentan los protagonistas de este servicio, los abogados adscritos al turno de oficio, quizá hayan pasado algo desapercibidas.

¿Cuáles son los obstáculos a los que se tiene que enfrentar este colectivo? Uno de los problemas recurrentes para este sector de la abogacía, y que la nueva norma del Ministerio de Justicia sigue sin resolver, es el de la remuneración.

"La inversión en justicia gratuita ha caído 43 millones en los últimos cuatro años y toda esta rebaja se ha realizado a costa de los honorarios que perciben los letrados. Además, el nuevo texto sigue sin garantizar al abogado el cobro de sus actuaciones y tampoco plantea que se revisen los baremos de retribución de servicios, valores que en el territorio común del Ministerio de Justicia –CCAA donde no se ha transferido esta competencia– no se han actualizado en los últimos diez años", explica Francisco Javier Lara, presidente de la comisión de justicia gratuita del CGAE.

Caída constante Efectivamente, según datos de este organismo, entre 2003 y diciembre de 2013, la pérdida de poder adquisitivo de los honorarios del turno de oficio ha sido del 29,5%.

En cuanto a los baremos fijados por las comunidades autónomas, cabe destacar la más agresiva, que realizó Comunidad Valenciana en 2012 y que rebajó sus tablas un 37%. Madrid realizó esa misma operación y redujo sus valores un 20%, así como Andalucía (10% en 2013) y Cataluña, que ha vivido una caída constante desde 2011 hasta este año, con un dato acumulado del 13%.

Además, añade Lara, los retrasos en la percepción de remuneración siguen siendo un enorme problema para los letrados que conforman este servicio.

"Algunas comunidades han hecho grandes esfuerzos para ponerse al día en los pagos, como País Vasco, Galicia o Cataluña. Sin embargo, sigue habiendo regiones, como Andalucía o Valencia, en las que se tarda hasta un año en cobrar los honorarios. De hecho, en la comunidad levantina, las remuneraciones que deberían haber percibido los letrados en el tercer trimestre de 2013 llegarán en octubre de 2014".

Otro asunto que no gusta entre los letrados del turno de oficio es la vinculación entre la justicia gratuita y la controvertida ley de tasas.

"El acceso a la asistencia jurídica gratuita a todos aquellos que no puedan hacer frente al coste de un abogado es un derecho constitucional –artículo 119 de la Constitución–, y debe financiarse mediante los Presupuestos Generales del Estado y no a través de cualquier otro tipo de recaudación", comenta Lara.

Baja calidad Los letrados del turno de oficio tampoco entienden cuál es el objetivo real de aspectos de esta reforma, como el nuevo régimen disciplinario, el incremento de trámites burocráticos, la ampliación de colectivos que pueden acceder a este servicio o la supresión de la obligación de que el abogado tenga residencia y despacho allá donde ejercerá la asistencia gratuita, puesto que entienden que todos estos nuevos obstáculos afectarán negativamente a la calidad del servicio, generará costes más elevados y provocará una posible indefensión entre los ciudadanos.

"La desaparición de la territorialidad es un error mayúsculo, puesto que acabará con la cercanía y rapidez de acción de los letrados. Este cambio, realizado supuestamente para incrementar la competencia, generará que los abogados de los grandes bufetes sean adscritos a este servicio y aglutinen gran parte de los casos, lo que podría provocar una especie de privatización del turno de oficio", dice el presidente de la comisión de justicia gratuita del CGAE.

El pago por el servicio de orientación jurídica, que hasta el momento no tiene coste, es otro de los asuntos que los letrados ven como una herramienta para reducir el número de casos atendidos.

"Los ciudadanos tendrán que pagar y si, tras un estudio se les otorga la justicia gratuita, este dinero les será devuelto. Sin embargo, esto provocará que muchos no acudan, puesto que no cuentan con suficiente dinero para costear este pago inicial", concluye Lara.