Rechazar una oferta de trabajo constituye el mejor ejemplo de «abuso» en el cobro de ayudas sociales, ya que desde que las tramita Lanbide están condicionadas a la empleabilidad, al reciclaje profesional y a la formación continua. Según el informe enviado esta semana al Parlamento por el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, en respuesta a la amplísima solicitud de datos formulada por el parlamentario de PP y alcalde de Vitoria, Javier Maroto, en lo que va de año 142 prestaciones han sido «suspendidas», «extinguidas» o «denegadas» precisamente porque el perceptor o incluso algún miembro de su familia se ha negado a trabajar. La fría estadística muestra también que dentro de unos porcentajes mínimos de «abusos» son más los españoles expulsados del sistema que los magrebíes.
Maroto, cuando en julio inició su campaña para restringir las ayudas sociales, señaló abiertamente a los oriundos de Marruecos y Argelia como principal fuente de fraude en el sistema. Les acusó de vivir de las ayudas y de no querer trabajar y no se arrepiente de lo dicho. En el conjunto de la comunidad autónoma, de 5.910 magrebíes de origen que cobran la renta de garantía de ingresos exclusivamente 16 recibieron una oferta de empleo y no la aceptaron, un 0,27% del total. Fueron dos argelinos y 14 marroquíes, exactamente.
Entre los españoles el porcentaje de rechazos es muy similar pero ligeramente superior, del 0,28%. En concreto, 73 de los 25.307 autóctonos -de nacionalidad y de nacimiento- se negaron a aceptar el trabajo que les propuso Lanbide para obtener ingresos alternativos al subsidio.
En Vitoria, donde Maroto centró sus críticas y donde no hay dudas de que la proporción de magrebíes beneficiados del sistema de protección social es superior a la media de la comunidad autónoma, la diferencia en este capítulo es aún mayor. Los datos muestran que de 1.427 magrebíes apenas 5 rechazaron una oferta y fueron sancionados, el 0,35%. Entre los nacionales -excluyendo a los extranjeros nacionalizados-, 12 de 2.660 han sido los sancionados, el 0,45%.
En sus acusaciones contra los magrebíes, Maroto los comparó con los latinoamericanos, en los que sí ve voluntad de integrarse. Los datos muestran que es imposible hacer generalizaciones. Siempre con porcentajes bajísimos de «abusos», los inmigrantes de origen ecuatoriano tienen una tasa de rechazos de ofertas de trabajo del 0,11%, los de Perú de 0,26%, los de Nicaragua de 0,30% los de Argentina de 0,32%, los de Paraguay de 0,47%, los de Colombia de 0,58%, los de Bolivia de 0,61% y los dominicanos del 0,71%.
Según estas estadísticas oficiales, son los italianos (3,44%) y los de Cabo Verde (10%) los que más empleos habrían rechazado en lo que va de año, aunque son tan pocos los naturales de esos países que perciben ayudas que no son datos representativos. Los procedentes de Senegal (0,08%) son los que menos abusos cometerían en este ámbito. Otro colectivo bastante numeroso en el País Vasco, el de los paquistaníes, duplica la media al situarse en el 0,51%.
Por otro lado, según datos facilitados por Lanbide a este periódico, destrás de los españoles son los rumanos (4.005) y los marroquíes(3.358) los que más contratos de trabajo han firmado en el País Vasco. Eso no significa que una misma persona, de cualquier nacionalidad, no haya encadenado varios contratos o haya tenido distintas ocupaciones y que las cifras puedan estar distorsionadas.
El alcalde de Vitoria, en su rueda de prensa del pasado jueves tras conocer el informe de 49 folios de Aburto, quitó validez a estas estadísticas de ofertas rechazadas. «Existen muchos casos en los que la oferta de trabajo se rechaza y Lanbide no lo registra. Podemos tener 5 ó 5.000», manifestó en relación al número de suspensiones de ayudas a los magrebíes de Vitoria que se han negado a trabajar.
Fuentes deLanbide confirman que «muchas de las ofertas de trabajo no se llegan a conocer nunca», aunque eso no supone que se pueda afirmar automáticamente que hay determinadas nacionalidades más «jetas» que otras, según la expresión empleada por el PP. Hacen falta muchos más datos, como el número total de ofertas realizadas en relación con los rechazos.
En efecto, el gran problema de Lanbide y, por extensión, del sistema de ayudas sociales es su incapacidad de intermediación laboral, de ofrecer una salida en el mercado de trabajo no sólo para los 48.000 perceptores de ayudas en edad de trabajar sino para sus familias y para el conjunto de los parados. Apenas 1 de cada 50 ofertas de trabajo pasan por Lanbide, por lo que es imposible calibrar con fiabilidad la voluntad de trabajar de los perceptores de la renta de garantía de ingresos. Sencillamente no se les ofrece empleo.
El Inem vasco ha naufragado en plena crisis y en parte porque se ha visto colapsado cuando, recién creado, asumió también la gestión de los expedientes de ayudas sociales. «La renta de garantía de ingresos se ha comido a Lanbide», llegó a reconocer Aburto, que se ha fijado como objetivo de legislatura que la intermediación pase del 2% al 5%, aunque en Extremadura, por ejemplo, el servicio autonómico de empleo ha tenido picos del 14%.
En un seminario sobre ayudas sociales celebrado esta semana en el Parlamento, expertos y trabajadores sociales coincidieron en el diagnóstico. «Una de las mayores debilidades de la renta de garantía de ingresos es la cronicidad», opinó María Silvestre, de la Universidad de Deusto. Y añadió: «En Lanbide, las personas que están trabajando en la renta de garantía de ingresos tienen que tener una formación específica. Reivindico el trabajo social. Un plan individualizado es fundamental. Una persona que está en Lanbide y no sabe o no le han enseñado cómo realizar un acompañamiento [del perceptor para que pase del subsidio al empleo] está dificultando, está magnificando la cronificación».
El 64% de los 48.000 perceptores de ayudas sociales en edad de trabajar (y en condiciones de hacerlo), 30.897, llevan entre dos y tres años cobrando ininterrumpidamente la prestación. Y los datos sólo tienen en cuenta el período desde que Lanbide asumió la tramitación de la renta de garantía de ingresos, diciembre de 2011. Es muy probable, pero quizás no se conozca nunca aunque Maroto ha solicitado esa información, que muchos de esos 30.000 lleven bastante más tiempo cronificados en un sistema sin puertas de salida.
El consejero que hace 25 años puso en marcha la renta básica, conocida como Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), José Ignacio Arrieta, insistió esta semana en la importancia de vincular el cobro de prestaciones a la «formación laboral» y a las «políticas activas de empleo». Y pidió «discriminación positiva» para los perceptores de subsidios en los sucesivos planes de empleo, sobre todo en el plano local y comarcal.
El Gobierno mantendrá el recorte del 7%
El Gobierno vasco aprobará el martes, en una sesión que se celebrará por videoconferencia entre México y Vitoria por el viaje oficial de Iñigo Urkullu y Arantza Tapia, el presupuesto vasco de 2015. Dos de cada tres euros, han venido repitiendo distintos miembros del Ejecutivo, estarán destinados a gasto social y el incremento de la recaudación permitirá ya pensar en ampliar al fin algunas partidas después de años de austeridad. Sin embargo, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan MaríaAburto, tiene ya decidido que mantendrá por cuarto año el recorte del 7% en la renta de garantía de ingresos, una medida acordada en 2011 por el Gobierno del PSE-EE y que ha hecho que las ayudas pierdan un 10% de poder adquisitivo. «¿De dónde sacamos la pasta?», se sincera un miembro del Ejecutivo. En los últimos años, el presupuesto real de prestaciones sociales ha superado lya os 400 millones de euros, alcanzando incluso un 33% más de lo presupuestado y obligando a recortar en otras áreas. Ahora hay más de 65.000 familias beneficiadas de los subsidios cuando hace cinco años no superaban las 40.000.
