La agenda de las últimas semanas ha estado marcada por el debate sobre el terrorismo, que ha provocado una amplia discusión acerca de las causas de los atentados en el país y las medidas que se deben tomar al respecto. Muchos visualizan las soluciones a través de cambios legislativos, que en este caso se han centrado en posibles modificaciones a la Ley Antiterrorista y en mayores atribuciones para la Agencia Nacional de Inteligencia, existiendo diferentes posiciones al respecto, incluso dentro del oficialismo.

El terrorismo y su combate, desde luego, se vinculan con los derechos humanos, y de ahí que al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le quepa un papel en la reflexión que se está dando en el país. Sin embargo, algunas declaraciones de su presidenta, Lorena Fries, que se suman a otras realizadas previamente y a la forma en que se producen algunas de las discusiones en el seno de su consejo, parecieran alejarse de la misión encomendada a esta institución.

El INDH fue creado en 2010 con la misión de velar por el respeto de los derechos humanos por parte del Estado. Para ello, debe elaborar informes anuales sobre la situación que al respecto se vive en el país, y sus atribuciones incluyen la de hacer recomendaciones para el resguardo y respeto de los mismos y su promoción mediante un adecuado marco legal.

En el cumplimiento de esa misión, el INDH puede verse arrastrado al debate de la contingencia y, al hacerlo, aparece como un actor político más, perdiendo la perspectiva y el rol orientador de mediano y largo plazo que se espera de él. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se polemiza públicamente acerca de cuándo corresponde o no aplicar la Ley Antiterrorista, o de si debe haber o no una legislación especial para los encapuchados, o cuando se declara que en Chile no hay terrorismo.

Esas declaraciones, no solicitadas por un órgano deliberativo -como el Gobierno, el Congreso o la Corte Suprema-, no fortalecen el ascendiente y autoridad del INDH, pues arriesgan que se perciba como un organismo ideologizado y con agenda propia. Eso puede llevar a que, cuando corresponde hacer escuchar su voz -a través de informes y declaraciones fundadas, relevantes a la hora de crear conciencia e influir sobre decisiones públicas-, esta enfrente prejuicios y aparezca sesgada.

Tratándose de un organismo relativamente reciente, es clave que el Consejo del INDH vele por un adecuado posicionamiento y validación de la institución frente a la opinión pública, pues eso será determinante a la hora de consolidar su influencia en la sociedad.