El Círculo de Empresarios considera que la economía española sigue necesitando nuevas reformas para generar más crecimiento, culminar la consolidación fiscal y crear empleo. Entre ellas, y para incrementar el superávit primario (resultado de las cuentas públicas descontando el pago de los intereses de la deuda) y frenar el crecimiento del alto endeudamiento, demanda una reforma estructural de las Administraciones públicas. En este sentido, pide una reformulación de la remuneración de los funcionarios, asimilándola al sector privado. En concreto, pretende que en las administraciones se establezca "un elemento variable en los salarios". Es decir, el 'think tank' empresarial quiere que parte de los sueldos públicos tenga un componente variable y que se fije por objetivos en función de la productividad de los empleados. De esta forma, los empleados en una misma categoría no cobrarían el mismo sueldo. También solicita que se modifique el sistema de retribución por incentivos de la inspección de Hacienda sustituyendo el actual levantamiento de actas por la firmeza de las sanciones.
Administraciones
Según figura en el documento de análisis sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 que este jueves presentó, 'España necesita una Administración que esté al servicio de los contribuyentes y que garantice el actual Estado del Bienestar, empleando los recursos con mayor eficiencia y calidad'. Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo, y Josep Piqué, vicepresidente, calificaron los PGE de "correctos", pero poco ambiciosos. Lamentaron que el Gobierno fíe todo el ajuste en 2016 a "un aumento coyuntural de la recaudación tributaria, la caída de los gastos financieros y del pago de las prestaciones de desempleo". Por ello, la organización pide reformular la estructura de la Administración territorial, sobre todo las diputaciones y ayuntamientos, así como establecer que la prestación de servicios se rija por criterios de presupuesto base cero. Es decir, justificando la necesidad de cada imputación de gasto.
Impuestos.
El Círculo critica que el alza de los ingresos se confíe sólo a la recuperación económica y a la "elevada presión fiscal sobre el factor trabajo y capital". Por ello, pide reformas que ensanchen las bases imponibles intensificando la lucha contra el fraude. Propone incrementar los recursos de la Agencia Tributaria, promover incentivos para aflorar actividad y endurecer las sanciones, y generalizar el pago por medios electrónicos. Se trata de extender el pago de compra o servicios mediante tarjeta electrónica ya que deja huella para su comprobación.
Pensiones.
Los empresarios estiman que de continuar con el actual ritmo de trasvase, se agotará en 2019 el Fondo de Reserva (su saldo actual es de 39.520 millones). Por ello, demandan una nueva reforma que convierta progresivamente el actual sistema de pensiones de reparto en un mixto con tres soportes: reparto, capitalización obligatoria y capitalización voluntaria. A su vez, para aumentar la rentabilidad de la hucha de las pensiones, solicitan diversificar sus inversiones incluyendo, además de la renta pública, la renta fija privada e incluir en el futuro un porcentaje de renta variable».
Mercado laboral.
Para favorecer la creación de puestos de trabajo y la empleabilidad, el Círculo sostiene que hay que reducir la contratación a tres grandes contratos, tanto a tiempo parcial como indefinido: indefinido, por necesidad empresarial con duración determinada, y juvenil de formación. Además, para apoyar a los parados de larga duración y a los jóvenes, sugiere alargar el periodo de percepción de la prestación y subsidios de paro condicionándolo a la aceptación de ofertas de trabajo. En cuanto al despido, señala que las indemnizaciones de temporales (12 días ahora) y de indefinidos (33 días a partir de 2012) deben converger hasta los 18 días.
Tamaño de las empresas.
Para favorecer la aparición de empresas medianas y reducir las pymes, la organización propone elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades de 6 a 20 millones, así cómo fijar en 100, frente a los 50 actuales, el número de trabajadores que obliga a que se tengan que formar comité de empresa en las sociedades.
