«Cuando el profesor tiene que ser designado por ley como autoridad para que padres y alumnos le respeten, algo falla». Quien lo dice es Javier García González, miembro del grupo de investigación en Derecho Penal, Internet y Redes Sociales de la Universidad CEU Cardenal Herrera y coautor del libro 'El reto de la convivencia escolar'. Que la violencia escolar, en sus diferentes formas, es hoy uno de los grandes problemas en la escuela nadie lo duda. La cuestión es qué pueden hacer los centros para actuar frente a ella y, sobre todo, para prevenirla.

Según el profesor García González, el porqué de la importancia de afrontar el reto de la convivencia puede explicarse en parte por «el modelo de educación que las familias utilizan para con sus hijos (pasan mucho tiempo solos, sin atención de un adulto o familiar, ante la televisión, con acceso directo a contenidos de todo tipo sin control alguno, etc.) y de la famosa brecha digital».

«También la facilidad de cometer muchos de estos actos a través de las redes sociales y la edad propia de realizar estos comportamientos puede explicar que se concentren en la escuela y tengan mayor alcance informativo y social», en palabras del investigador.

El libro en cuestión analiza las diferentes conductas que alteran gravemente la convivencia en las aulas: ¿Cuáles son y qué debe hacer los profesores?

ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO

La irrupción de las tecnologías ha hecho crecer los casos de ciberacoso, esto es, el acoso que se realiza a través de móviles o internet, por ejemplo. En el caso de la Comunidad Valenciana, los datos oficiales apuntan a que casi el 10% de la violencia escolar se ejerce con el uso de las TIC.

El grupo de investigadores, sin embargo, constata que «la experiencia ha evidenciado que el abordaje del tratamiento de los acosadores desde un prisma meramente represivo no soluciona el problema de base». Lo que se propone, por tanto, es un «seguimiento y trabajo» con los menores agresores:que ayuden a compañeros extranjeros con las tareas escolares, que escriban poniéndose en el lugar de la víctima, que eviten relaciones con grupos problemáticos o que auxilien a estudiantes recién incorporados al centro.

Eso sí, «la comunidad escolar es, en principio, y salvo los casos de mayor entidad, la más capacitada para resolver el conflicto teniendo en cuenta que deben primar las medidas preventivas y la resolución mediante vías no judiciales», reza el libro que la Conselleria de Educación ha remitido a los centros. Es decir, la respuesta judicial debe verse siempre como último recurso.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Prevenirla desde la escuela es fundamental. Y aquí puede hablarse de programas destinados al conjunto de los estudiantes o de estrategias preventivas para los jóvenes que han vivido una especial situación de vulnerabilidad. En este caso, los investigadores instan a prestar atención a los escolares que hayan sufrido por ejemplo maltrato infantil («dicha exposición legitima la violencia como una forma más de resolver cualquier conflicto»), que tengan celos «patológicos» o «un elevado patrón de consumo de alcohol u otras drogas ilegales».

Lo que se aconseja es trabajar en el aula proyectos que aborden «el conflicto como oportunidad de desarrollo y la violencia como fracaso en la resolución de conflictos», «los mecanismos que perpetúan la violencia de género» o las «habilidades sociales en la resolución de conflictos».

CONSUMO DE DROGAS

Hay toda una serie de indicios («cualquiera por sí solo no es suficiente») que pueden llevar a sospechar de que un menor consume drogas: adelgazamiento, cambios bruscos de humor, descenso del rendimiento escolar...

El libro deja claro que «no se puede anticipar una respuesta que sea la más correcta e idónea para cada caso, pero sí existen pautas de actuación que pueden orientar». Los profesores, de entrada, no deben anticipar ningún diagnóstico, pues «en ocasiones se atribuye al uso de drogas cambios propios de la adolescencia».

A partir de ahí, el docente debe informar e implicar a la dirección del centro e iniciar el diálogo con el alumno. Evitando, eso sí, «un interrogatorio agresivo». El profesor debe mostrarse «con interés por ayudar» y «hacer partícipes a los padres del problema», a los que se puede ayudar a buscar ayuda profesional.

• DELITO O FALTA. En el caso de las conductas «gravemente perjudiciales para la convivencia» --así se recoge en la orden de la Conselleria de Educación--, el centro debe plantearse si comunica un delito o falta al Ministerio Fiscal. «La dificultad radica en saber cuándo se ha superado» el umbral mínimo de «relevancia jurídica».
• AUTORIDAD DOCENTE. Los profesores, por ley, tienen la consideración de autoridad. Esto es relevante desde el punto de vista jurídico, aunque desde el punto de vista del centro, las medidas disciplinarias serán las mismas aunque la víctima no sea un docente.
• HORARIO LECTIVO. Cuando las conductas violentas tienen lugar fuera de las instalaciones del centro y fuera del horario lectivo, sólo se podrán comunicar al equipo directivo cuando «estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar».